Revista N° 65 - 2017

Debates

“Es la desigualdad, estúpido”

Por Alberto Ferrari Etcheberry
Director del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

El 8 de noviembre pasado, en cumplimiento de una norma legal establecida en la primera mitad del siglo XIX, nunca violada, los ciudadanos estadounidenses eligieron, por Estados, los electores que designaron presidente y vice. Donald Trump resultó triunfante con sus promesas grandilocuentes, en una elección marcada por un conflicto de clase y con votantes empobrecidos por la globalización. La discusión ahora se centra en saber si Trump podrá cumplir su palabra, pero la pregunta es: ¿Cuál es hoy el poder real en Estados Unidos y qué participación le cabe al presidente?

Gloso en el título la frase que se popularizó como eje de la campaña electoral de 1992 en la que Bill Clinton derrotó a Bush padre. Así se puede resumir lo ocurrido el 8 de noviembre pasado. El otro mensaje de Hillary Clinton fue “cambio o más de lo mismo” y también pueden usarse para comprender la campaña y el resultado electoral últimos.

Recurro al Financial Times del 9 de noviembre de 2016 para evitar toda posible argumentación ideológica. Martin Wolf, su principal analista económico, mostró la realidad social norteamericana con datos públicos: “crecimiento mediocre, alta desigualdad y baja creación de empleo”.

Desde los años cincuenta y hasta fines de los setenta el producto per cápita y el ingreso de la familia media mostraban un crecimiento similar. Bajo el presidente Reagan (1980) comienza una brusca diferenciación: el producto per cápita se duplica y el ingreso familiar sólo sube un veinte por ciento. Es peor en relación a la crisis de 2008 / 2009: el ingreso familiar es menor que antes de la crisis y aun que en el año 2000. Wolf es terminante: “la desigualdad ha empeorado marcadamente”. Desde Reagan la proporción del ingreso correspondiente al uno por ciento más alto saltó del diez al dieciocho por ciento y si se mide después de impuestos el aumento es de cincuenta por ciento. Sigue Wolf: “Estados Unidos tiene la más alta desigualdad entre los países más desarrollados.” Los varones de 25 a 54 años sin trabajo y sin buscarlo suben del tres por ciento en los años cincuenta a doce por ciento y la proporción de mujeres sin empleo es la más baja de todos los países de la OCDE. Con estas y otras cifras comparativas concluye Wolf: todo esto “ayuda a explicar la marea de desilusión y aun de desesperación revelados tan rotundamente en esta elección”. No hay necesidad, por cierto, de recurrir a los datos de Thomas Piketty, olvidados y aun negados en Estados Unidos.

Si se toman las cifras globales, Donald Trump no va más allá del voto republicano de las últimas elecciones, pero en cambio Hillary está muy por debajo y lo más significativo es su pérdida de apoyo de sectores que son tradicionalmente la base demócrata: obreros, sindicalizados y aún la pasividad de hispanos y afroamericanos. Su oferta fue precisamente la que usaba Bill Clinton como crítica a Bush en 1972: “más de lo mismo”. En el escenario descripto por Wolf, la propuesta conservadora de Hillary no podía fortalecerse por los ataques a Trump y sus partidarios, tanto de ella como de los medios de comunicación, que abrumadoramente la apoyaban. El lenguaje de Trump, hasta racista, no alcanzó a ensombrecer lo que se percibió como principal: la situación de los empobrecidos por la globalización y el predominio financiero, vistos como representados por Hillary.

Por todo eso no me parece aventurado señalar que en esta elección ha aparecido y predominado un conflicto de clase por encima de las diferencias étnicas y culturales. Lo muestra, entre otros, el análisis de la votación por sexo, edad, raza, ingreso y educación efectuado por The New York Times el 10 de noviembre de 2016.

El lenguaje de Trump, hasta racista, no alcanzó a ensombrecer la situación de los empobrecidos por la globalización y el predominio financiero, vistos como representados por Hillary.

Lo sorprendente en todo caso es que haya tardado tanto en aparecer en la superficie política una realidad social y económica que no es nueva. En 2010, Third World America de Arianna Huffington dedicado “a los millones de norteamericanos que pelean para mantener vivo el sueño americano” expone con detalle el contraste de clase, el enorme gasto militar, incluyendo la participación en las distintas guerras, la succión de riqueza por el sector financiero (citando precisamente a Martin Wolf), los enormes ingresos de los administradores de fondos y la directa vinculación entre funcionarios y corporaciones, “the revolving door”. Por eso nada del presente parece novedoso; en todo caso, salvo su incremento y, fundamentalmente, que las víctimas hayan reaccionado poniendo su esperanza en Donald Trump.

Se discute ahora si Trump podrá cumplir sus promesas, tema que no me interesa porque, fundamentalmente ¿cuál es hoy el poder real en Estados Unidos y qué participación le cabe al presidente?

En cumplimiento de una norma legal establecida en la primera mitad del siglo XIX, nunca violada, los ciudadanos de Estados Unidos eligieron por Estados, y no por distrito nacional único, los electores que tienen que designar presidente y vice. Como es habitual desde 1912, los candidatos pertenecen a los dos partidos dominantes, demócrata y republicano, aunque es discutible, históricamente y en el presente, el bipartidismo norteamericano. Todo parecía normal. Sin embargo, no lo era.

Hace mucho, si es que alguna vez ocurrió, que ambos contendientes no mostraban un similar y generalizado rechazo por parte de los eventuales votantes, a pesar de sus marcadas diferencias, tanto personales como en cuanto a la oferta propuesta, negando nuevamente la similitud entre demócratas y republicanos, tantas veces afirmada. Hillary Clinton, la primera mujer con chance de ser presidente. Tras el primer presidente negro, los demócratas y Obama no podían debilitar su oferta y la señora Clinton como mujer sumaba, además, su experiencia de gobierno y una década luchando denodadamente por su postulación, derrotada en su primer intento en las internas demócratas por el propio presidente Obama. Tampoco los republicanos -dirigentes y electorado- estaban en condiciones de enfrentar a los demócratas con un candidato de tipo tradicional. Derrotados por Franklin Roolsevelt y Harry Truman, en 1952 debieron recurrir al general Dwight Eisenhower, ajeno a la política y símbolo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, quien con su prestigio personal venció a Adlai Stevenson. Ahora Trump, billonario de borroso currículum expresó esa necesidad de apelación a la candidatura heterodoxa como herramienta necesaria para volver a los republicanos al gobierno.

Las elecciones internas de ambos partidos mostraron un escenario no previsible. La aparente invencibilidad de Hillary fue desafiada seriamente por un veterano senador de un Estado de escasa población convertido inesperadamente por seguidores jóvenes en la expresión de un reformismo crítico de los valores y las políticas dominantes, en abierta oposición al liderazgo partidario, aunque la señora Clinton, con ese apoyo que supuso el voto de los superdelegados, los no elegidos sino designados, logró la postulación. Con Donald Trump el proceso fue en buena medida el opuesto. De candidato marginal sin apoyos tradicionales, fue derrotando uno a uno a los políticos de tipo habitual en las internas, y Trump, sin programa claro, salvo lo que podía deducirse de frecuentes y agraviantes expresiones contra adversarios y comunidades minoritarias, inclusive las mujeres, conquistó la postulación y el apoyo partidario y al mismo tiempo se fue definiendo la base social que sostenía su candidatura: los blancos pobres castigados por la globalización financiera de las decaídas zonas industriales.

No puede sorprender, entonces, que ninguno de los dos cosechara amplias simpatías. Sin embargo a la vez se coincidía afirmando, para uno u otro vencedor, un cambio importante y aún drástico en la dirección interna y externa del país. También fuera de Estados Unidos crecía una profunda preocupación por el resultado y su consecuencia en la marcha de la principal sino única superpotencia, en especial en relación a Trump. En concreto: la coincidencia partía y parte de otorgar un similar alcance al poder que puede ejercer hoy un presidente de Estados Unidos, aunque a menudo esa expectativa y esas opiniones no se compadecen con la realidad ni con el complejo sistema institucional, formal o no, de Estados Unidos, frecuentemente sino ignorado al menos olvidado por los observadores externos.

Es útil, entonces, tratar de recordar y comprender esa normativa que nace de la propia Constitución. Trataré de hacerlo, para la mejor comprensión, desde la perspectiva de la Argentina.

Reglas de juego

Es un lugar común afirmar que la Constitución de 1853 a través de Alberdi sigue meticulosamente a la de Estados Unidos de 1787; en realidad las reformas de 1860 son las que convirtieron al texto original, con sus alberdianas inclinaciones unitarias, en sistema federal. (En especial, con la supresión de la necesaria aprobación por el Congreso de las constituciones provinciales y el otorgamiento a los jueces provinciales la jurisdicción en cuanto a los códigos y la legislación de fondo).

A más de ello, no es cierto que haya sido una copia de la norteamericana. En primer lugar, la Constitución de Estados Unidos de 1787 no contiene normas sustanciales. No define, como la nuestra, que la nación o, mejor, el Estado que está fundando será una república federal y bajo el sistema representativo; la única mención al respecto es la que dispone que la Unión garantizará a cada Estado una forma republicana de gobierno (article IV, section 4).

La Constitución de Estados Unidos de 1787 no define, como la argentina, que la nación o, mejor, el Estado que está fundando será una república federal y bajo el sistema representativo.

Esta situación -u omisión- fue la consecuencia de las dificultades que enfrentó la sanción del texto constitucional, creadas por las profundas diferencias existentes en la convención de Filadelfia entre los trece Estados originales (en la práctica fueron menos: Rhode Island no envió delegados y varios se retiraron antes de finalizar o se negaron a firmar el documento final) para consensuar un texto que reemplazara el sistema confederal que surgió de The Articles of Confederation (1784) una laxa vinculación sin poder ejecutivo, en la que cada Estado mantenía su soberanía y que para las decisiones comunes requería el acuerdo de siete o nueve Estados y de la totalidad de ellos para su reforma. Además de la dura controversia sobre la inclusión de una Carta de Derechos o Bill of Rights , como era requerido por los Estados que defendían la continuidad de los Articles, la convención de Filadelfia de 1787 debió superar la impugnación a sus propias decisiones, pues estando convocada para enmendar los Articles se pretendió desde el comienzo con el llamado Plan de Virginia abolirlos derechamente y abrir un nuevo y revolucionario comienzo, impulsado inclusive por razones económicas, como el reclamo de pago de los especuladores tenedores de los degradados certificados de la deuda pública de la Confederación. Se agregó el conflicto entre los Estados grandes (defensores de la propuesta de Virginia que proponía para el Congreso la representación por individuos rechazando la igualitaria representación por Estados) y los pequeños, (abroquelados detrás del plan de New Jersey que mantenía la regla de un voto por Estado).

En contraste, la Constitución tan trabajosamente consensuada o si se quiere, impuesta, se ocupa de las reglas de juego, instrumentales, con normas detalladas y específicas que posibilitaron los difíciles acuerdos que concretaran la firme decisión por la unidad forjada en la guerra y liderada por los militares. Se llegó así a un Congreso de dos cámaras; la de Representantes basada en la población (propuesta Virginia) y el Senado compuesto igualitariamente por los Estados (propuesta New Jersey) con entera libertad para los senadores para votar como individuos y no como representantes del Estado que los había elegido.

En la oposición a la Constitución se encontraban héroes revolucionarios como Samuel Adams y Patrick Henry y los llamados antifederalistas que entendían que un gobierno nacional fuerte era peligroso para los derechos individuales.

Y entre esas reglas de la Constitución de Filadelfia, la principal: cómo se podrá reformar o ampliar la propia Constitución, esto es, las llamadas enmiendas, cuya vigencia se producirá una vez que la propuesta sea ratificada por las tres cuartas partes de los Estados. Y del mismo modo se autolimita la propia Constitución cuando exige la ratificación de nueve Estados -los tres cuartos de los trece existentes a ese momento- además de especificar que la Constitución aun así ratificada será “para que rija entre los Estados que la ratifiquen”. Estas exigencias muestran las dudas y aprehensiones de los Estados más pequeños respecto de la centralización que proponían los federalistas, por el peligro de reeditar la “tiranía británica” a través del poder de los Estados más ricos y poderosos.

La aprobación y la posterior ratificación de la Constitución fue difícil. Sólo treinta y nueve convencionales firmaron el texto, tres se negaron a hacerlo y trece se habían retirado antes. En la oposición a la Constitución se encontraban héroes revolucionarios como Samuel Adams y Patrick Henry y los llamados antifederalistas que entendían que un gobierno nacional fuerte era peligroso para los derechos individuales. En varios Estados la ratificación estuvo condicionada a la aprobación inmediata de las enmiendas exigidas por los antifederalistas, que el 25 de septiembre de 1789, el Congreso comenzó a sancionar: el Senado las redujo a doce de las cuales únicamente diez fueron ratificadas por los Estados y hoy se las conoce como Bill of Rights, con influencia de la Declaration of Rights británica de 1689.

Esas primeras enmiendas son las que nuestros constituyentes usaron -con otras fuentes- en la primera parte del texto de 1853: Declaraciones, Derechos y Garantías, aun hoy vigentes. Hay algunas que nuestro sistema no ha acogido, como la separación del Estado respecto de cualquier religión y el derecho del pueblo a tener y portar armas; además, las norteamericanas no suprimieron la esclavitud cuya permanencia provocó un intento de secesión de los Estados sureños en 1861 seguido por una larga guerra, hasta 1865, la más cruenta del siglo en términos absolutos. Y también relativos a la población si se excluye a este respecto la contemporánea de la Triple Alianza contra Paraguay (1864-1870). Fue necesario poco menos de un siglo desde 1787 para que la eliminación legal de la esclavitud se convirtiera en norma constitucional: enmiendas 13, 14 y 15.

Hay una diferencia aun mayor con nuestro orden constitucional, olvidada (o ignorada) por quienes desde 1853 sostienen que nuestra Constitución es copia de la norteamericana.

Todas las normas sustanciales de la Constitución argentina de 1853 -en este sentido ratificadas por la reforma de 1860- son de alcance y aplicación en todo el país; las obligaciones son tanto para el gobierno federal como para los provinciales.

En Estados Unidos, por el contrario, el Bill of Rights era sólo una limitación a la autoridad nacional, como que de ella se suponía podría surgir el peligro de tiranía, y sus normas no alcanzaban a los Estados, que eran concebidos y considerados como el embrión de los derechos y libertades: “la primera enmienda no intentó limitar la acción de los gobiernos de los Estados respecto de sus propios ciudadanos… y garante sólo contra la interferencia del Congreso”. (U.S. versus Cruikshank, Supreme Court, 1875).

Sin embargo, paulatinamente fue creciendo la autoridad nacional, impulsada por los federalistas, tanto Washington como Madison, Hamilton y Jay los redactores del didáctico y muy influyente The Federalist Papers. Son los partidarios de un gobierno central fuerte por lo que la designación federalista adquiere sentido sólo como oposición a la Confederación y está lejos del término federal de nuestra historia.

En realidad, en Estados Unidos la Constitución es el comienzo de la construcción del Estado nacional que, en buena medida el poder judicial iba a ir luego edificando desde 1789, Judiciary Act, cuyas facultades se van definiendo y acentuando desde 1803 por el propio tribunal supremo bajo la guía de John Marshall, paradójicamente luego de la derrota electoral y rápido debilitamiento de los federalistas, que ante su inminente partida habían designado jueces afines a su sector, como el propio Marshall, que guiaría el tribunal durante treinta y cinco años. Se lo aceptó: no estaban violadas las reglas de juego. La Suprema Corte fue ampliando sus propios poderes restringiendo los de los Estados, lo que se conoce como “el poder de revisión judicial”, esto es, la supremacía final de la propia Corte. (Caso Marbury versus Madison de 1803, Hamilton número 78 de Federalist Papers)

La esencial diferencia nace a partir de la guerra civil.

La enmienda 13 abolió la esclavitud “en Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción; no dispone que la abolición alcance y obligue a los Estados. La propuesta es ambigua como que fue hecha en la fase final de la guerra por iniciativa de Abraham Lincoln, poco después asesinado, cuyo primordial interés era evitar la secesión.

El contraste lo muestran las enmiendas 14 y 15. La sección 1 de la enmienda 14 (1868) incluye diversas cláusulas que específicamente se aplican a la Unión y ahora sí a todos los Estados: definición de ciudadanía, privilegios e inmunidades, debido proceso, igualdad en la protección de las leyes. “Ningún Estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos…”

La enmienda siguiente, la 15, propuesta por el Congreso en 1869 y vigente desde 1870, es terminante al establecer el sufragio racial. Dice así: “Sección 1. El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos a votar no será negado ni coartado por Estados Unidos o por ningún Estado por razones de raza, color o previa condición de servidumbre”. En la sección 2 se ratifica el poder nacional: “El Congreso podrá hacer cumplir este artículo por adecuada legislación”. Es obvio recordar que la práctica siguió un camino distinto al de las enmiendas 14 y 15, ya marcado por la Suprema Corte en U.S. versus Rees (1876) y paradójicamente ampliado también por esa Corte en 1886 al declarar que las corporaciones eran una “persona” amparada por la enmienda 14 (Santa Clara County versus Southern Pacific Railways) restringiendo de tal modo los derechos de regulación de los Estados en sus propios territorios.

En contraste, los derechos y garantías de nuestra Constitución rigieron desde 1853 en todo el territorio. Tanto Alberdi como los constituyentes de 1853 no se ciñeron al modelo. En algunos casos, por desconocimiento del tema o del idioma (se ha afirmado que Alberdi no sabía inglés); por eso Vélez Sarsfield en la convención de Buenos Aires de 1860 sostuvo que no fue respetado en Santa Fe “el texto sagrado y una mano ignorante (¿Alberdi?) hizo en ella (la constitución de Estados Unidos) supresiones y alteraciones de grande importancia”. En otros, porque ampliaron su alcance: los derechos civiles pertenecen a todos los habitantes (artículo 14), esencial disposición alberdiana –gobernar es poblar– que marcaría el desarrollo argentino abriendo las puertas a la inmigración y que es absolutamente ajena al supuesto modelo que no reconocía al inmigrante los derechos civiles. Esa carencia influyó en la rápida adquisición de la ciudadanía por los inmigrantes fomentada por los caciques de ambos partidos. Entre nosotros sin incentivos legales ni interés electoral, el inmigrante se mantuvo extranjero, frecuentemente prefiriendo mantener y gozar de la eventual representación y apoyo de los cónsules. La firme defensa del principio jus solis (en buena medida contra la opinión de Alberdi) permitió la nacionalización de la descendencia nacida en el país. Por otra parte en términos relativos, esto es en relación a la base de población existente, el boom inmigratorio en la Argentina fue mayor que en Estados Unidos, donde llegó a poco más del diez por ciento de la población recipiente, mientras que en la Argentina llegó al treinta por ciento y en la ciudad de Buenos Aires en 1914 al cincuenta por ciento, cuando ya era importante la descendencia nacida en el país y por eso excluida de la cantidad de extranjeros.

En contraste, aun con la influencia si se quiere unitaria de los federalistas, el poder de los Estados fue y es mucho mayor, de hecho y de derecho, que el de las provincias argentinas, como que los Estados mantienen efectivamente todas las facultades que de modo expreso la Constitución no otorgó al Congreso; así, corresponde a los Estados la legislación común y a sus jueces su jurisdicción. Si en la designación del presidente ninguno obtuviera la mayoría absoluta la elección la hará la Cámara de Representantes, pero cada Estado tendrá un voto y si el caso fuera el del vicepresidente lo elegirá el Senado. Las enmiendas propuestas por el Congreso por mayoría calificada deben ser ratificadas por las tres cuartas partes de los Estados. Es útil destacar que la ratificación de algunas enmiendas llevó años, que seis no fueron ratificadas y que en más de un caso algunos Estados no las ratificaron, aunque sin afectar su validez.

Bipartidismo

Es usual describir y comprender el sistema político de Estados Unidos como limitado a dos partidos, Republicano y Demócrata. Salvo en 1912, los resultados muestran que así ha ocurrido a partir del fin de la Guerra de Secesión. Sin embargo ha habido terceros candidatos importantes que influyeron en el resultado final: Perot en 1992 (19,7 millones de votos, aproximadamente el veinte por ciento); Anders en 1980; Wallace en 1968; La Follette en 1924; Weaver en 1892. En 1912 el popular Teddy Roosevelt con el Partido Progresista, con 4,1 millones, superó al presidente republicano, su ex vice, Taft (3,4 millones) permitiendo así la victoria del demócrata Wilson (6,2 millones).

Por otra parte, desde el comienzo se manifestaba una tendencia a la agrupación política, pese a su público rechazo; la preocupación por los derechos de los individuos alertaba contra la “tiranía de las mayorías” (Jefferson), y a considerar la división en dos grandes partidos como el mayor peligro (John Adams). Sin embargo, los federalistas, son considerados el primer partido, aunque, por ese rechazo mantuvieron en secreto su organización. Las divisiones no eran abstractas y estaban asentadas en claros conflictos de intereses; la representación de la población existía en las colonias desde sus orígenes, aunque sin formalizar partidos.

Todo llevó a una conducta de compromisos y búsqueda de las fórmulas que pudieran terminar las controversias, como se manifestó en la convención de Filadelfia que, empero, no debilitó las radicales propuestas de Hamilton que pueden considerarse el basamento del Estado norteamericano: pago de las deudas de la Confederación y de los Estados, organización del banco nacional, proteccionismo industrial. Sin embargo, la Constitución para las masas pobres, especialmente para los habitantes de la frontera, era vista como un instrumento de las elites comercial y financiera para su propio provecho. Así surgieron los antifederalistas, aunque no como un partido organizado, con base agraria e influencia fisiócrata, duros oponentes de las propuestas de Hamilton y con simpatías por la revolución francesa; a partir de ellos Jefferson construye con facciones heterogéneas el disciplinado primer Partido Republicano y se convirtió en el líder democrático.

Federalistas y jeffersonianos fueron el fundamento del bipartidismo posterior, que no se construyó fácilmente. Al contrario, fue una constante la formación de organizaciones o terceros partidos, habitualmente encausando propuestas económicas o sociales concretas que a menudo emergían por escisiones internas de los partidos principales. Una larga lista de nombres, no exhaustiva, por cierto, lo muestra: Republicanos demócratas, la organización nacionalista secreta conocida como Know-Nothing, The Grangers, también organización secreta, The Antimasonic, Prohibicionistas, Antimonopoly, Equal Rights, Liberty, Free Silver, Young American, Liberal Republicans, Bourbon Democratics, Southern Alliance, Single Tax League, Free Soil Party y probablemente los principales, ambos surgidos en los años 1890: los populistas o People Party, básicamente granjeros endeudados perjudicados por el patrón oro y el proteccionismo industrial, que hacia 1896 se integraron en el partido Demócrata tras William Jennings Bryan, quien abrió el partido a la representación de distintas minorías sociales; y los Progresistas de Robert La Follete, quien logró ser gobernador de Wisconsin y que en 1912 apoyaron a Teddy Roosevelt.

Tras el fin de la Guerra de Secesión, el Partido Republicano de Lincoln (se lo llama desde entonces the GOP, Great Old Party) fue el absoluto dominador. Los demócratas seguían siendo los Estados sureños (“un demócrata no es un traidor, pero todos los traidores son demócratas”, se decía) y ganan por primera vez la presidencia con el conservador Grover Cleveland en 1884 y 1892 por disidencias republicanas, que se repetirán en 1912 a favor de Wilson. De todos modos no se disputa el dominio republicano hasta 1930. Se suele resumir: Estados Unidos es “grandes emprtesas más el Partido Republicano”.

La situación cambia raigalmente con Franklin Delano Roosevelt. El Partido Demócrata comenzado con Bryan y la administración de Wilson, adquiere un indiscutido liderazgo que hace de las políticas reformistas de su New Deal la base aceptada de la vida norteamericana, más allá de las vicisitudes electorales y pese a tener que depender el propio Roosevelt a menudo de los votos sureños, en especial respecto de la discriminación racial. Desde entonces los demócratas se distinguen por su representación social, las distintas minorías, raciales, religiosas, sindicales, inmigrantes, frente a un Partido Republicano visto como la expresión del gran poder económico. Los republicanos fracasan contra Roosevelt y Truman con candidatos propios y comienza la selección republicana de candidatos ajenos a sus cuadros y que permitieran lo que define la política norteamericana: lograr los puestos gubernamentales, incluyendo los diplomáticos, como pago de favores. Tras Eisenhower y Reagan, Nixon y ambos Bush volvieron a mostrar la debilidad partidaria. En contraste, los demócratas llevaron candidatos, buenos o no, de sus propias filas, como corresponde a su representación social: Truman, Stevenson, Kennedy, Johnson, Carter, Dukakis, Clinton, Gore, Obama.

No parece haber nada nuevo hoy: los republicanos tras un externo, Trump; y los demócratas siguiendo a un cuadro propio: Hillary.

Sin embargo, hay mucho de nuevo: la debilidad del sistema político en su conjunto. Siguiendo una antigua tradición, los terceros partidos o agrupamientos por un solo tema (ejemplo: ley seca) han cumplido la función de incorporar tendencias o programas a los dos partidos. Así ocurrió, para los demócratas, con los populistas y los reformistas, y ahora con el Tea Party y los republicanos. Pero en el caso demócrata, si bien significó debilitar y luego perder su tradicional base sureña, esas incorporaciones fueron forjando el rooseveltiano partido del New Deal y los demócratas son el partido de los académicos, del mundo del espectáculo y las artes, de Warren Buffet y hasta en buena medida de Wall Street. Nada similar puede decirse del GOP, como no sea un conjunto de profesionales de la política buscando los prejuicios de la población para su sostén.

Los Estados y la Corte Suprema

Hay algo más: detrás de la controversia en la esfera nacional, existe otra realidad: los Estados.

Por primera vez un importante y creciente número de legislaturas de los Estados están coincidiendo en proponer una reforma constitucional, en base a una facultad nunca usada prevista en el artículo V de la Constitución: “El Congreso a petición de las legislaturas de los dos tercios de los Estados, convocará a una Convención para tratar las enmiendas propuestas”.

Se trata principalmente de negar los derechos políticos y civiles de la enmienda 14 a los hijos nacidos en cualquier lugar de Estados Unidos, de padres no admitidos legalmente. También se sostiene la necesidad de incorporar límites al endeudamiento gubernamental. Nunca se usó ni hay consenso en cuanto a cómo sería en la práctica, pero lo que queda claro es que en muchos Estados se receptan valores y opiniones que dominan los discursos de Trump.

Más allá de eso, las facultades constitucionales de los Estados, por ejemplo la ejercida más de una vez para la elección del presidente o las que permiten influir seria y hasta fraudulentamente en los derechos de los votantes o en la composición de los distritos electorales, muestran un doble poder que a menudo escapa al observador extranjero.

A mi juicio, con excesiva rapidez se califica a Estados Unidos de Nación-estado. Creo que este concepto es de un marcado europeísmo, de difícil aplicación en toda América. En Europa, nación, sinónimo de pueblo, es un hecho histórico de profundas raíces, por cierto que muy anterior a la organización política e institucional que se denominó Estado nación y esencialmente ajeno a la realidad americana, en particular la derivada de la propia conquista y colonización europeas. No hay duda que en las colonias inglesas desde el comienzo se mantuvieron sin uniformidad principios e instituciones británicos y que el contenido religioso europeo fue una marca general y a veces contradictoria, pero me parece difícil calificar de pueblo o nación, en ese sentido, a sus habitantes. El hecho histórico Estados Unidos se va creando luego de la revolución y con las distintas etapas inmigratorias, desde los WASP a los llamados latinos, manteniendo en un limbo específico a los nativos y a la población de color. Hoy es común la designación afroamericano, pero es una forma bastante moderna: durante mucho tiempo se criticó el uso por los inmigrantes de toda designación que importara mentar su origen nacional. Ese fue el sentido de la afirmación “América para los americanos” que el propio Teddy Roosevelt usó en 1916 para denostar a quienes pretendían denominarse german-americans y que luego se popularizó como síntesis crítica de la doctrina Monroe.

Quiero con esto subrayar que se construyó el Estado y que desde el Estado se fue conformando, aun hoy, el pueblo, la nación. En alguna medida como dijo Sarmiento respecto de la Argentina: el Estado se construye con decretos y luego hay que construir a los argentinos.

Mutatis mutandi, la situación norteamericana no es esencialmente distinta y a ello debe agregarse su principal peculiaridad: la doble soberanía y la doble ciudadanía con eje en los Estados. Si en algún momento los jueces y en particular la Suprema Corte cumplieron la función de ampliar y afianzar el poder nacional, en los últimos años parece insinuarse una tendencia opuesta, a favor del poder de los Estados, que estaría señalando la pretensión ya indicada de muchos de ellos de imponer una reforma constitucional. Agréguese que los habitantes continúan y aceleran la tradición de migrar internamente buscando los lugares más dinámicos en buena medida siguiendo la movilidad del capital. Texas ya no es sinónimo de cow-boys sino de bancos y petróleo, y a California la define tanto o más el Silicon Valley que la meca del cine. ¿Cuál es y dónde está el pueblo? Me parece indudable que para encontrarlo no sirve el concepto europeo.

Esa situación se refleja en el relativo poder presidencial, que es adonde apunto. La política interna y externa de Estados Unidos es una informe sumatoria de los titulares de esa doble soberanía con una creciente influencia del poder económico, financiero y militar, en especial el ligado a la globalización, como que ésta tiene su eje en Estados Unidos. Bien o mal, Hillary Clinton representa esta situación estructural y no parece que Trump implique la posibilidad de un cambio en una tendencia que poco debe a la decisión política y nada a la voluntad de los votantes.

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