Luego de que el presidente chino Xi Jinping asumiera el poder en 2012, su gobierno lanzó una campaña anticorrupción de gran alcance que atrajo la atención mundial por su extensión y determinación. Figuras poderosas, durante mucho tiempo consideradas intocables, fueron condenadas por soborno o malversación de fondos y encarceladas. Estas sanciones inicialmente dieron la impresión a algunos analistas de que Xi podría estar utilizando la iniciativa para marginar o perseguir a sus adversarios políticos. Sin embargo, el esfuerzo por erradicar la corrupción ha ido mucho más allá de la política de poder personal. Conducida por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCID), un órgano del Partido Comunista Chino, ha sido la campaña anticorrupción más grande de la historia en el mundo. Para mayo de 2021, casi diez años después del inicio de la campaña, la CCID había investigado a más de cuatro millones de personas dentro del gobierno y el aparato del Partido Comunista, encontrando culpables a 3,7 millones de ellas.

La investigación pública y el procesamiento de la corrupción a semejante escala se dio en un contexto de creciente desigualdad en China. Esto no fue una simple coincidencia. La desigualdad en China, sobre todo en las ciudades, se disparó tras las reformas de los años 1980, y luego creció aún más con la privatización y reestructuración de muchas empresas estatales a comienzos de los noventa. El aumento de la productividad y de los salarios en sectores tecnológicos, así como el creciente porcentaje de ingresos provenientes del capital, impulsaron la desigualdad urbana desde los sectores más altos; en el otro extremo de la escala de ingresos urbanos, el flujo de trabajadores rurales –muchos de los cuales no tienen permisos de residencia urbana y aceptan sueldos bajos– acrecentó la desigualdad desde abajo.

“Un análisis de los datos de la CCID revela un patrón: no sólo es muy alta la corrupción entre quienes ocupan los niveles más altos del Partido Comunista, sino que también ha contribuido de manera significativa a la desigualdad.”

Con más riqueza circulando en la economía china, la corrupción ha ido en aumento en las últimas décadas. Sin embargo, hasta ahora, nadie ha estudiado de manera empírica las características de las personas a las que la CCID ha condenado por corrupción ni ha intentado determinar empíricamente en qué medida la corrupción ha contribuido a la desigualdad. Un análisis detallado de los datos de la CCID revela un patrón: no sólo es muy alta la corrupción entre quienes ocupan los niveles más altos de la jerarquía burocrática y tecnocrática del Partido Comunista (en términos de las sumas promedio de dinero malversadas), sino que también ha contribuido de manera significativa a la desigualdad, consolidando a los ya adinerados en una clase alta aún más impenetrable.

TIGRES

Gracias a la naturaleza centralizada de la campaña anticorrupción y a la publicación y sistematización de datos relevantes por parte del gobierno chino, los académicos ahora pueden evaluar estas dinámicas. Utilizando los datos recopilados de casos de condenas individuales, hemos creado una base de datos de altos funcionarios chinos condenados por corrupción entre 2012 y 2021. Este conjunto de datos incluye información detallada sobre 828 casos penales de corrupción y 686 personas condenadas (algunos de estos individuos fueron acusados y condenados por más de un delito). Todos ellos son miembros del Partido Comunista Chino, ocupan altos cargos en el gobierno o en la jerarquía del partido, o son directores de empresas estatales; en el lenguaje de la campaña anticorrupción, son los “tigres” responsables de los crímenes más graves, a diferencia de la multitud de “moscas” (funcionarios de bajo nivel), que también han sido involucradas en las investigaciones. Hasta el inicio de la campaña de Xi, muchas de estas figuras eran consideradas intocables.

La CCID categorizó a los condenados según su relevancia como cuadros de gestión central, cuadros de gestión provincial y cuadros de nivel central. Los cuadros de gestión central son los funcionarios más altos, como los ministros provinciales, que son nombrados o removidos por el Comité Central del Partido Comunista Chino. Los cuadros de gestión provincial son supervisados por las ramas provinciales del PCC; entre sus rangos se encuentran los alcaldes y secretarios de ciudades. El tercer grupo incluye a funcionarios de menor relevancia, como los directores de empresas estatales. Para simplificar, nos referiremos a estos funcionarios como nomenklatura nacional, provincial y local, respectivamente.

Un análisis del conjunto de datos de la CCID revela la magnitud de la corrupción según el rango de los funcionarios. Al compararlo con encuestas de hogares urbanos en China (los “tigres” suelen vivir en áreas urbanas), el conjunto de datos nos permitió estimar los ingresos legales de aquellos condenados por corrupción y su posición en la distribución de ingresos urbanos, revelando cuán importantes eran en la vida económica y política cotidiana y dónde exactamente ocurrió su corrupción. Al contrastar los ingresos legales estimados de los acusados con las cantidades de dinero que se les acusó de haber malversado, calculamos cuánto incrementó su ingreso la corrupción, cuánto les permitió escalar en las escaleras de la distribución de ingresos en China y cómo esa corrupción afectó los niveles de desigualdad en las ciudades chinas.

No sorprende que los datos hayan mostrado que cuanto más alto es el rango del condenado, mayor es la magnitud de las actividades corruptas. Los miembros de la nomenklatura nacional han sido condenados por malversar más de cuatro veces y media la cantidad de dinero por caso que los miembros de la nomenklatura provincial y más de tres veces la cantidad que aquellos de la nomenklatura local. Los funcionarios de más alto rango que figuran en los datos fueron acusados, en promedio, de malversar 14,1 millones de dólares, la nomenklatura provincial de malversar 2,8 millones de dólares, y la nomenklatura local de malversar 4,3 millones de dólares. (Las cifras locales son más altas que las provinciales porque incluyen a muchos gerentes de empresas estatales, para quienes la corrupción parece ser particularmente lucrativa). Los miembros de la nomenklatura provincial están acusados de la mayoría de los casos de corrupción (dos tercios), pero como el monto de malversación en los casos de los funcionarios de la nomenklatura nacional es mucho más alto, dos tercios de la corrupción total medida en términos monetarios está relacionada con ellos.

“A través de la corrupción, el acusado promedio ganó de cuatro a seis veces más que sus ingresos legales. Así, los acusados ascendieron hasta la cúspide de la distribución de ingresos urbanos en China.”

Los funcionarios condenados provienen casi en su totalidad de los estratos más altos de la distribución de ingresos urbanos en China. Más de la mitad de ellos se encontraría en el cinco por ciento superior de la distribución de ingresos urbanos sólo con sus ingresos legales; alrededor del seis por ciento estaría en el uno por ciento superior, con ingresos anuales superiores a aproximadamente 30.000 dólares por persona (o 120.000 dólares por hogar, si el hogar está compuesto por cuatro miembros).

A través de la corrupción, sin embargo, el acusado promedio ganó de cuatro a seis veces más que sus ingresos legales. Así, los acusados ascendieron hasta la cúspide de la distribución de ingresos urbanos en China. Al considerar sus ingresos ilegales, el 82 por ciento de los culpables de corrupción se encontraban entre el uno por ciento de los habitantes de la ciudad en términos de ingresos, y casi todos estaban dentro del cinco por ciento más alto.

La corrupción misma estaba fuertemente concentrada en los niveles más altos, con el diez por ciento de los casos responsables del 58 por ciento del total de dinero malversado. En contraste, el diez por ciento de los asalariados que más ganan en las ciudades de China reciben el 33 por ciento del ingreso total. La forma concentrada de la corrupción –y el hecho de que beneficiara a personas que ya estaban entre los más ricos de China– demuestra que la corrupción, aquella que fue revelada, ha contribuido en gran parte a la desigualdad urbana en China.

BÚSQUEDA PÚBLICA DE BENEFICIOS PRIVADOS

Estos resultados demuestran la magnitud de la corrupción en los niveles más altos de distribución de ingresos urbanos en China. Incluso las personas con ingresos legales altos pueden multiplicar sus ingresos, en promedio, por cuatro o por seis –y algunos, evidentemente, por aún más–. Los resultados implican que la desigualdad real de ingresos en el país es mucho mayor que los niveles de desigualdad registrados. Obviamente, los ingresos corruptos no son informados a las autoridades fiscales y es poco probable que se registren en las encuestas de hogares. Sin embargo, el consumo conspicuo de los miembros de la elite y su estilo de vida hacen que la corrupción sea evidente para los observadores. La campaña de Xi, más allá de su motivación política, probablemente está reduciendo la desigualdad de ingresos y, tal vez aún más importante desde el punto de vista de las autoridades, limitando los ingresos excesivamente altos y la subsecuente exhibición de riqueza.

Ese resultado podría explicar la popularidad de la campaña. Las campañas anticorrupción, especialmente si no evitan confrontar a los muy ricos y poderosos, pueden ser útiles a los regímenes autocráticos para reforzar su imagen populista. La reciente purga de generales corruptos por parte del presidente ruso Vladimir Putin en medio de una guerra fue inusual, pero sigue los movimientos anticorrupción discretos que comenzaron simultáneamente con la invasión de Ucrania. El caso del gobierno de Angola contra la empresaria y heredera de una dinastía política Isabel dos Santos también resultó muy popular. Vietnam recientemente llevó a cabo una campaña de “limpieza” similar en la cúpula de su Partido Comunista.

Los observadores han afirmado que la campaña anticorrupción de Xi es despiadada y a menudo vengativa en su enfoque hacia posibles rivales. Sin embargo, la desigualdad general en China, medida por el coeficiente de Gini –que va de cero, un caso hipotético de igualdad plena en el que cada persona ganaría la misma cantidad, a 100, otro caso hipotético en el que una sola persona obtendría todos los ingresos– ha disminuido en la última década, pasando de un pico de 43,7 en 2010 a 37,1 en 2020, según datos del Banco Mundial. Cualesquiera que sean sus pecados, la campaña anticorrupción ha buscado atacar tanto simbólicamente como en términos reales la desigualdad desenfrenada en el país.

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