Trazar un panorama de los procesos de movilidad humana en México requiere, en primer lugar, presentar la información que da cuenta de la dimensión del fenómeno migratorio a través de las cifras que genera el propio Estado mexicano y, en segundo término, analizar la experiencia de las casas de personas migrantes que asisten a la población en su tránsito y vivencia por México y la información estadística que, precisamente, no llega a ser recolectada por parte del Estado mexicano al no producirse las detenciones. Con base en ello, en el marco del Proceso de Cartagena+40, se articula una reflexión sobre las estrategias de protección del Estado mexicano y de contención de los flujos migratorios.

LA MOVILIDAD SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES

Para contextualizar la información estadística, es preciso resaltar que México tiene un flujo migratorio regular muy grande. Las cifras oficiales de 2023 emitidas por la Unidad de Política Migratoria dan cuenta de entre 43 y 44 millones de entradas regulares al país. En el caso de los extranjeros no residentes, esto incluye fundamentalmente el ingreso con motivos de turismo. Pero, a su vez, los datos permiten conocer que el flujo irregular también es muy amplio: 782 mil personas ingresaron de manera irregular en 2023. Las autoridades contabilizan este número a partir de las detenciones migratorias.

Si se observa la distribución de nacionalidades de este flujo irregular se evidencia que la venezolana es la nacionalidad que mayores ingresos registra. Esto no siempre fue así. Previamente a la pandemia de Covid-19, el flujo migratorio estaba consolidado por los tres países del norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador representaban los mayores expulsores de población que México recibía. Hasta 2022, México no imponía un visado para la entrada de personas venezolanas. Cuando a finales de ese año comenzó a exigir un visado –lo que explica el incremento de nacionales venezolanos en el flujo irregular–, forzó a las personas venezolanas que quisieran transitar por el territorio mexicano rumbo al norte a tomar la ruta del Darién, integrándose así al flujo centroamericano. Mientras que la ruta del Darién, con todos sus peligros, constituye una primera barrera, la frontera entre Tapachula (México) y Guatemala constituye el siguiente muro de contención.

A estas personas les resulta sumamente difícil acogerse a un alivio migratorio en México. Las cifras indican que, de las casi 800 mil personas que componen ese flujo migratorio irregular, solo 126 mil personas se acogieron a una residencia temporal por razones humanitarias en 2023. Esta residencia temporal incluye, por ejemplo, a quienes se encuentran como solicitantes de la condición de persona refugiada y están aguardando la resolución de sus solicitudes. En cuanto a las personas con residencia temporal en México (por motivos laborales, estudios, reunificación familiar, entre otros), apenas 61.600 personas lograron obtener un permiso temporal. Las cifras de residencias permanentes otorgadas tampoco son mucho mayores: apenas 69 mil personas son residentes permanentes en el país, que, conforme los datos del Censo realizado en 2020, alberga 126 millones de personas. Por lo tanto, las personas extranjeras que viven en México representan el 0,86% de la población. Esto permite concluir que, en efecto, hay un flujo migratorio muy amplio, pero que la cifra de las personas que permanecen en el territorio –de manera regular– es extremadamente baja.

“Si se observa la distribución de nacionalidades de este flujo irregular se evidencia que la venezolana es la nacionalidad que mayores ingresos registra.”

Por otra parte, de las 782 mil personas que ingresaron al país de manera irregular, al menos 63 mil fueron sujetas a un proceso de devolución. Analizando las cifras, estas devoluciones corresponden mayormente a nacionales de países del norte de América Central.

En cuanto a la protección internacional, mientras que en 2013 hubo solamente 1.296 solicitudes, para 2022 se habían registrado 118 mil y en 2023, 140 mil solicitudes. El aumento de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ha sido exponencial. En la década, se destacan las personas de Honduras (con el 26,2%), Cuba (15,3%), Haití (14,4%), Venezuela (12,5%) y El Salvador (6,6%), entre otros. Las personas que son reconocidas como refugiadas provienen mayoritariamente de Honduras, seguidas por Venezuela, El Salvador, Cuba y Haití.

EL DESPLAZAMIENTO SEGÚN LA SOCIEDAD CIVIL

La Red de Documentación de Personas Defensoras de Migrantes (REDODEM) concentra a 26 organizaciones. Se trata de albergues, casas o espacios de atención humanitaria –pero también jurídica– a personas migrantes. Están distribuidas en 11 de los 32 estados que componen la Federación y, desde 2013, generan una base de datos común –la Plataforma para el registro y documentación de violaciones a derechos humanos de personas en movilidad forzada– con el objeto de mapear la situación de las personas en movilidad. La Red se integra a partir de cuatro zonas (norte, centro, sur y occidente) y busca registrar y documentar el fenómeno para, a partir de eso, generar estrategias de incidencia en favor de esta población.

Desde 2023, las organizaciones observan un cambio en el perfil nacional de la población: la población venezolana se está consolidan- do como la que mayor atención requiere, a la par de la hondureña, pero se observa también la presencia creciente de personas de Colombia y de Ecuador. A su vez, si bien se trata de flujos mayormente masculinos, dependiendo de las nacionalidades, hay una distribución diferente entre sexos.

Lo que resulta de interés es que, mientras las casas del sur (donde se producen los ingresos) tradicionalmente eran las que más casos registraban, seguidas de las del norte (donde la gente aguardaba para poder ingresar a Estados Unidos), en la actualidad, han crecido los registros en la región central del país. Esto se explica en virtud del sistema de solicitud de citas impuesto por Estados Unidos. A partir de 2022, las autoridades establecieron que las citas sólo podían ser utilizadas a través de una Plataforma a la que sólo se accede por medio de una aplicación móvil denominada CBP One. Esta aplicación sólo actúa a partir del paralelo 19 hacia el norte, abarcando, precisamente, la región central de México. De allí que las personas lleguen a la región central para poder utilizar la aplicación y permanezcan allí hasta obtener su cita.

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN

Esto pone de manifiesto cómo el Estado mexicano ha convalidado estas estrategias de contención con Estados Unidos a través de la aceptación de las múltiples barreras jurídico-administrativas que ha impuesto desde 2019. En particular, merecen destacarse las siguientes:

• Bajo la administración Trump, en 2019, se adoptaron los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que obligaron a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras aguardaban una cita para solicitar protección internacional en Estados Unidos. Esto significó que más de 80 mil personas estuvieran en toda la franja fronteriza entre el 1° de enero de 2019 y el 1° de enero de 2021, en estado de excepción, ya que no eran solicitantes de protección internacional en México y, por lo tanto, no tenían un estatuto regular.

• Cuando se desató la pandemia de Covid-19, Estados Unidos generó otra barrera migratoria, conocida como Título 42, consistente en una restricción fronteriza para evitar la propagación de la enfermedad, implementada desde marzo de 2020 hasta 2023. Su particularidad era que aplicaba solamente a quienes llegaran por tierra. Tras la derogación de esta medida, se estableció la obligatoriedad de requerir la cita a través de la aplicación CBP One. En la práctica, esto está generando el mismo efecto que el MPP, ya que hoy en día las personas en busca de protección internacional –y con enormes vulnerabilidades– se están estancando en la frontera norte de México a la espera de poder cumplir su objetivo de ingresar a Estados Unidos.