Artículo online - Publicado el 05-02-26
Actualidad InternacionalLa intervención de Estados Unidos en Venezuela puede interpretarse como una señal estratégica de alcance global. La Estrategia de Seguridad Nacional promovida por la administración Trump en diciembre de 2025 se basa en una lógica explícita de competencia entre grandes potencias y en la revalorización de las esferas de influencia como principio rector del sistema internacional. La conducción de la política exterior de Estados Unidos se vuelve transaccional, desideologizada, con una reconcepción de aliados y adversarios en función de intereses nacionales contingentes y momentáneos. America first.
El caso venezolano es un precedente crítico para América Latina y el Caribe, pero también para el resto del mundo: expone la fragilidad del principio de no intervención y la vulnerabilidad de los Estados frente a actores intra y extrarregionales. En el caso venezolano, la combinación de intervención militar, control de recursos y supervisión/tutela política constituye un cambio estructural en la relación entre soberanía y seguridad internacional, con efectos potencialmente replicables en otros Estados.
La intervención estadounidense en Venezuela refleja el desmoronamiento del orden internacional liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial. En las últimas décadas, las normas e instituciones que regulaban la política internacional han perdido fuerza para limitar el comportamiento de los Estados. La narrativa de que “las democracias no van a la guerra”, eje central de la paz liberal, ha quedado sepultado como principio rector.
Esto se observa en una serie de acciones militares y de coerción que han marcado la política exterior de Estados Unidos, incluso sin mandatos multilaterales claros. Por ejemplo, bajo la segunda administración Trump -a pesar de su promesa de acabar con las guerras y favorecer la paz- se ejecutaron: ataques directos contra instalaciones nucleares en Irán, sin autorización del Congreso y bajo argumentos de seguridad internacional; bombardeos en Siria dirigidos a objetivos vinculados al Estado Islámico; operaciones en Irak asociadas a la lucha contra grupos armados; ataques en Nigeria contra militantes del Estado Islámico en colaboración con gobiernos locales, y el apoyo político y logístico a las operaciones de Israel relacionadas con la desesperante situación de la población en Gaza, una guerra con profundas implicaciones humanitarias y políticas para la región.
La administración Trump actúa en un contexto marcado por el declive relativo de la que fuera la potencia hegemónica a nivel mundial y la fragilidad de los mecanismos internacionales para contener acciones unilaterales. La ausencia de costos claros refuerza una lógica de poder que erosiona el multilateralismo y normaliza decisiones unilaterales.
Más grave es no encontrar (por el momento) quien ponga un freno.
A lo largo del último siglo, Estados Unidos intervino en al menos cuarenta y una ocasiones en América Latina y el Caribe, mediante cambios de régimen, apoyo a dictaduras y operaciones encubiertas. Algunos ejemplos históricos incluyen la invasión de Granada en 1983, el respaldo a golpes de Estado militares como el de Chile en 1973 y la Operación Cóndor en los años setenta.
En la mayoría de los casos, estas intervenciones se justificaron en nombre de la democracia o los derechos humanos. Eran los valores que respaldaban las decisiones y formaban parte de la retórica liberal.
Frente a la intervención en Venezuela, la reacción regional fue de rechazo y defensa de la soberanía, aunque principalmente en el plano discursivo, con declaraciones oficiales que calificaron la intervención de violación del derecho internacional y de afrenta a la soberanía de los pueblos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no solo expresó que constituía un precedente peligroso, sino que condenó la reciente “intervención armada” estadounidense en territorio venezolano y dijo que no cree que la solución a la crisis en el país radique en “la construcción de protectorados”, sino de “soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo” de Venezuela. Los líderes de Chile y Uruguay se pronunciaron de manera similar. Sin embargo, otro grupo de Estados (Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá entre otros), quizás confundiendo un gobierno, Maduro y un acto ilegal, o tal vez haciendo una lectura ideológica (que ni siquiera Estados Unidos hace), apoyaron las acciones de Washington.
Esto evidencia la persistente debilidad estructural de la región para generar una respuesta colectiva capaz de incidir de manera efectiva.
En este contexto contemporáneo, países como México y Colombia observan con atención hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos y cuáles son los límites de su accionar, ya que esta acción podría interpretarse como una ventana a través de la que podrían mirar estos dos países. Las acusaciones públicas de Trump hacia Petro y sus sucesivos enfrentamientos parecen momentáneamente apaciguados luego de que ambos mandatarios acordaron una próxima reunión en la Casa Blanca [se concretó el 3 de febrero]. Mientras tanto, Cuba aparece nuevamente como un actor directamente interpelado, dada su historia de confrontación con Estados Unidos.
La intervención estadounidense en Venezuela funciona, de este modo, como un ejemplo de la presión que pueden ejercer las potencias sobre la autonomía de los Estados. En este caso, refleja un mestizaje entre las decisiones de una potencia en declive que históricamente ha actuado de un modo particular en función de satisfacer sus intereses nacionales y el capricho personalista del presidente. Tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano, Donald Trump hizo pública una declaración en la que afirmaba que “el derecho internacional no sería un límite efectivo para la política exterior de Estados Unidos” y que solo su “propia moralidad” puede contener sus acciones, restando así importancia al marco jurídico internacional.
Europa respondió con llamados a la moderación, el respeto de las normas internacionales y la búsqueda de una salida diplomática, advirtiendo que la imposición de soluciones externas no puede reemplazar procesos políticos internos legítimos. Varios países europeos que estuvieron comprometidos con el GIC (Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela) en 2019, ya probaron lo difícil que resulta negociar imponiendo. El ensayo frustrado de reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado” e intentar imponer a Maduro cómo conducirse, revelaron los límites de las imposiciones. Más difícil resulta enfrentar a Estados Unidos en un escenario complejo de relaciones transatlánticas. Europa “nuevamente” elige el apaciguamiento en cuanto a las relaciones con Trump. La guerra en Ucrania y la exigencia de Trump sobre el aumento del presupuesto militar en Europa para hacerse cargo de su propia defensa, el desprecio que ha mostrado Trump más de una vez en relación con sus “aliados” de la OTAN y la amenaza sobre Groenlandia completan un panorama que inmoviliza a Europa.
Las grandes potencias como China y Rusia reaccionaron con firmeza. Rusia condenó la intervención como una violación de la soberanía y reforzó su respaldo político a Caracas, advirtiendo sobre los riesgos de una escalada regional. China, por su parte, calificó la acción como hegemonía unilateral y subrayó la necesidad de respetar la Carta de la ONU y el principio de no injerencia. Estas reacciones forman parte de una disputa global por la configuración del orden internacional, donde el respeto a la soberanía es un eje de conflicto.
La intervención en Venezuela puede convertirse en un atolladero político para Trump. No está claro si hay una Gran Estrategia; el golpe dado en el corto plazo no significa resultados para el largo plazo. En el plano interno, una desarticulación política prolongada o sin resultados claros podría erosionar apoyos políticos y profundizar divisiones tanto en el gobierno como en la sociedad: “sus votantes MAGA”. La política exterior tiene límites evidentes cuando los costos económicos, políticos y/o humanos comienzan a hacerse visibles.
Además, la probabilidad de traducir la intervención en beneficios concretos (como expresó Trump un día después de la captura de Maduro y la intervención) en el sector petrolero es limitada, y podría llevar mucho tiempo y costos muy abultados. La degradación de la infraestructura energética venezolana, la fragilidad institucional y la persistente inestabilidad reducen la viabilidad de inversiones sostenidas y rentables, incluso cuando Washington ha promovido encuentros con ejecutivos y planes de reconstrucción petrolera.
El caso venezolano no es un episodio aislado. Forma parte de una estrategia más amplia destinada a redefinir zonas de influencia, debilitar el multilateralismo y normalizar el uso unilateral del poder. En América Latina y el Caribe la presencia de competidores como China es el límite que Estados Unidos no puede tolerar.
Venezuela se convierte así en un laboratorio político y estratégico, donde se ensaya un orden internacional cada vez menos regido por normas compartidas y cada vez más estructurado en torno a jerarquías de poder y decisiones unilaterales. Quizás la Gran Estrategia no esté en Venezuela, sino que esto sea solo una muestra.
Si Venezuela termina siendo aceptada como un caso donde la soberanía puede ser negociada y la intervención presentada como solución, el precedente no es venezolano: es latinoamericano. Lo que hoy se naturaliza en Caracas podría mañana repetirse en cualquier otro punto del mapa regional, erosionando más aún la idea de que los Estados latinoamericanos son entes políticos soberanos e independientes.
La advertencia es clara: la discusión de fondo no es solo sobre Venezuela, sino sobre qué es lo que América Latina y el Caribe está dispuesta a aceptar -y a resistir- en nombre de su propio futuro.
