La realidad actual, signada por récords de temperatura globales y una sequía histórica en Argentina, demuestra cómo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, lejos de ser retóricas de moda de los foros internacionales, son fenómenos relevantes para nuestro interés nacional dado que afectan nuestra estabilidad macroeconómica, así como la seguridad alimentaria, hídrica, energética, y de salud, entre otras.

Actualmente nos encontramos ante el difícil desafío de reparar canoas en alta mar: transitar una senda de desarrollo sostenible soberano, que aborde de manera simultánea la cuestión ambiental, económica y social, partiendo de nuestra realidad, capacidades y recursos. Para poder lograr este objetivo, un elemento central es el acceso a fuentes financieras asequibles para la implementación de políticas públicas dirigidas a la lucha contra el cambio climático y a resolver las profundas inequidades sociales. A nivel global, emerge un enorme desafío de movilización de recursos dentro de un contexto que se ha visto signado por los efectos de la pandemia, la guerra, la crisis de abastecimiento de energía y alimentos, y la crisis de deuda que enfrentan el 60% de los países en desarrollo.

En este marco, la inversión necesaria para la adaptación en los países en desarrollo, que incluye el acceso al agua, infraestructura resiliente y la agricultura, entre otros, oscila entre los USD 160.000 y 340.000 millones al año para 2030, y por las consecuencias del cambio climático podría llegar a ser entre USD 315.000 y 565.000 millones hacia 2050, según el Informe sobre la brecha de adaptación del 2022, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Respecto a las inversiones en mitigación, que son aquellas vinculadas a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para reducir el calentamiento global, y que típicamente se vinculan con transporte sostenible y energía, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que, para finales de 2030, las necesidades de inversión para los países en desarrollo y mercados emergentes será de USD 2 billones por año.

En esta línea, cabe destacar que actualmente no se encuentra cumplido el compromiso asumido por los países de mayores ingresos de aportar USD 100.000 millones de dólares anuales, así como transferir tecnologías y capacidades a las economías en desarrollo para que puedan adaptarse y mitigar el cambio climático. De esta manera, el financiamiento de Organismos Internacionales de Crédito (OIC) y fondos climáticos internacionales adquieren particular relevancia por las condiciones financieras que ofrecen.

El caso de Argentina es un claro ejemplo de un país que tiene una baja incidencia en términos de emisiones de GEI, sin embargo, sufre fuertemente sus consecuencias. Si bien somos responsables de menos del 1% de las emisiones globales, nuestras características geográficas, sociales y productivas nos hacen particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Es así que las sequías, heladas tardías y el granizo en el último año afectaron gravemente a nuestra población y a una gran variedad de sectores productivos con un fuerte impacto negativo. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (2023), se estima que solamente entre la soja, el maíz y el trigo, las pérdidas entre exportaciones y servicios asociados a la producción alcanzaron los USD 19.000 millones, lo que equivale a un 3% del PBI estimado para el 2023. A su vez, esta pérdida significó una reducción de más de USD 6.000 millones de ingresos fiscales.

Como ya mencionamos anteriormente, el desarrollo sostenible debe ser considerado en sus tres ejes: económico, social y ambiental, y la lucha contra el cambio climático debe necesariamente estar vinculada a la erradicación de la pobreza y a un mayor bienestar para nuestra población. Lo primordial es lograr adaptarnos a las consecuencias del cambio climático y promover una transición energética justa, asequible y soberana, que reconozca distintas trayectorias de acuerdo a las capacidades de cada país, y que aproveche la gran oportunidad que representa el gas como combustible de transición y como vector de desarrollo económico y social.

Para dar respuesta a esta serie de medidas, desde la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo del Ministerio de Economía, hemos trabajado con una visión integral respecto de la movilización de recursos de fuentes internacionales y su aplicación a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional y subnacional. Esta visión, que funcionó como marco rector para acelerar, ampliar y potenciar la calidad del financiamiento climático, culminó con la elaboración y aprobación de la primera Estrategia de Financiamiento Climático Internacional de Argentina (ENFCI) que tiene como objetivo plantear una hoja de ruta para garantizar el financiamiento para promover un modelo de desarrollo sostenible, resiliente, bajo en carbono y una transición justa, inclusiva y soberana que colabore con los esfuerzos para erradicar la pobreza.

En tal sentido, durante la actual gestión, en un trabajo conjunto con una serie de organismos multilaterales y bilaterales de crédito, hemos desarrollado un portafolio de operaciones en ejecución con impacto directo o indirecto en cambio climático que al día de hoy alcanza un total de alrededor de USD 16.270 millones.

En energía, por ejemplo, hemos aprobado diversas operaciones para obras de transmisión de energía eléctrica y de financiamiento para la reversión del Gasoducto Norte y la construcción de plantas compresoras para el transporte de gas. Estas obras son fundamentales para alcanzar la soberanía energética, ampliar el acceso a energía segura en todo el territorio nacional y promover la transición energética justa. Asimismo, hemos colaborado en el financiamiento internacional para desarrollar una Estrategia Nacional del Hidrógeno Bajo en Emisiones que ha culminado con la presentación en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley para su promoción.

En gestión hídrica, hemos aprobado proyectos que adaptan los sistemas productivos federales a los efectos del cambio climático y garantizan el abastecimiento de agua potable para la producción y el consumo humano, colaborando también con la seguridad alimentaria nacional y global. Respecto de la gestión en saneamiento, hemos logrado concluir el tan ansiado sistema Matanza-Riachuelo, así como proyectos que promueven el cierre de basurales a cielo abierto, con un fuerte componente social y con una clara mejora en la calidad de vida de quienes viven en los alrededores de los basurales. También hemos estructurado proyectos centrales para el manejo sostenible de nuestros bosques nativos y la prevención de incendios.

Si bien el trabajo realizado ha sido mayúsculo, nuestro país necesita aumentar significativamente la escala de inversión en estos sectores. Esto inevitablemente deriva en una discusión global en la que debemos involucrarnos como país con mayor protagonismo sobre el rediseño de la arquitectura financiera internacional para la mitigación y la adaptación en las economías emergentes. El fortalecimiento patrimonial de la banca multilateral, el rol del financiamiento privado, la efectividad de los fondos climáticos internacionales, o los mecanismos innovadores como el canje de deuda por acción climática y cuidado de la biodiversidad, entre otros, deben ser temas excluyentes de la agenda de discusión.

Desde Argentina, desde la región y desde el Sur Global debemos promover que se reconozca la responsabilidad histórica que tienen los países de mayores ingresos respecto de la emisión de GEI, así como el rol de acreedor ambiental que tienen países como Argentina, que con su capital natural y su biodiversidad brindan los denominados servicios ecosistémicos a toda la humanidad. Solo así se podrá cerrar una brecha de financiamiento que, de no ser saldada, significará mayores divergencias entre las sendas de desarrollo de los países de mayores ingresos y los de ingresos medios y bajos.