A raíz de la salida de Evo Morales de su cargo a principios de noviembre, después de casi 14 años como presidente de Bolivia, el país entró en un caos político. Más de 30 personas han muerto como resultado de los disturbios en curso y las protestas llevaron a la escasez de alimentos en algunas ciudades. La presidenta interina, Jeanine Áñez, prometió nuevas elecciones, pero el cronograma sigue sin estar claro.

La salida de Morales, en medio de la presión de los militares y de las protestas masivas, fue un desastre, y el país enfrenta un futuro político incierto. Pero Morales, el primer presidente indígena del país, no será recordado especialmente por su abrupta renuncia, la agitación que siguió o incluso por el retroceso democrático que marcó los últimos años de su presidencia. Su legado será la transformación de la sociedad boliviana a través del reconocimiento de la población indígena del país.

La carrera política nacional de Morales nació a mediados de la década de 1980 en medio de la disputa generada por la larga represión a las drogas liderada por Estados Unidos en Bolivia, durante la cual se desempeñó como el líder supremo de los sindicatos de cocaleros en la región del Chapare, donde crece la mayoría de la coca boliviana. La coca ha sido un cultivo tradicional entre los pueblos indígenas de los Andes durante siglos. Masticado o preparado como té, es un estimulante suave, omnipresente en Bolivia. Pero puede refinarse en cocaína, en cuyo comercio internacional termina gran parte de la cosecha del país. El Chapare fue la zona cero durante décadas de guerra de baja intensidad entre los cocaleros y las fuerzas del orden público bolivianas y estadounidenses.

Los cocaleros son en su mayoría migrantes de otras partes del país, principalmente de las tierras altas. Un gran número de estos son ex mineros, despedidos en masa como víctimas de las medidas de austeridad fiscal y reestructuración económica instituidas en Bolivia en 1985, que redujeron el personal de la empresa minera nacional. Desde temprano, Morales se convirtió rápidamente en un crítico implacable de los efectos negativos del capitalismo global en Bolivia, un tema que entendió como directamente relacionado con sus esfuerzos posteriores, como presidente, para descolonizar al Estado y conceder el derecho de ciudadanía a su población indígena mayoritaria.

Los pueblos indígenas en lo que hoy es Bolivia han estado sujetos a unos 500 años de discriminación racial generalizada que se remonta al colonialismo español. Gobernada por las élites descendientes de europeos, la sociedad se dividió durante mucho tiempo en castas jerárquicas, con “indios brutos” en la parte inferior, excluidos del poder político o la representación, y a menudo forzados a acuerdos de peonaje económicamente explotadores. Esto no comenzó a cambiar hasta la revolución boliviana de 1952, cuando a los pueblos indígenas se les ofreció la ciudadanía plena, pero el Estado no los clasificó formalmente como indígenas, sino como agricultores o campesinos rurales no étnicos. La pobreza extrema y la falta de acceso a las palancas del poder fueron hechos innatos de la vida de los pueblos indígenas a principios de la década de 2000.

Hasta hace relativamente poco tiempo, los cocaleros del Chapare se describían de forma habitual como capitalistas de centavos (Penny capitalist) o pequeños agricultores. Pero, en medio de los esfuerzos para proyectar sus intereses y construir redes internacionales de solidaridad, a mediados de la década de 1990 los cocaleros se sintieron cada vez más motivados para presentar su causa como una de las luchas colectivas de un movimiento indígena. Comenzaron a insistir en que la coca era más que un simple cultivo comercial: era su patrimonio cultural. Asumieron de manera más proactiva las formas de la identidad cultural andina y promovieron sus objetivos en términos de defensa indígena internacional, enfatizando los derechos colectivos de autonomía y autodeterminación, incluidos los derechos al territorio y al control sobre su propio desarrollo económico. En este ambiente, para Morales, las cuestiones de clase y etnia estaban estrechamente ligadas y, de hecho, profundamente entremezcladas. Los pueblos indígenas se encontraban, a la vez, entre los bolivianos más pobres, pero también entre los más marginados políticamente. Esta doble visión formaría las prioridades de su política a lo largo de sus más de una década como presidente del país.

A comienzos del siglo XXI, mientras los esfuerzos antidrogas continuaban sin cesar en el Chapare, Bolivia fue escenario de una sucesión de impresionantes conflictos por el control de los recursos, comenzando con la llamada Guerra del Agua en 2000 y continuando con las varias Guerras del Gas en 2003 y 2005. La Guerra del Agua presenció protestas populares masivas en respuesta al intento del gobierno de vender las obras públicas de agua para la ciudad de Cochabamba, lo que aumentaba sustancialmente las facturas de agua de la gente. Las Guerras del Gas, que se desarrollaron principalmente en la ciudad, mayoritariamente indígena, de El Alto, fueron una serie de movilizaciones populares que rechazaron la estrategia del gobierno para la explotación de sus importantes reservas de gas natural.

Todos estos conflictos compartieron varias características: una percepción entre los bolivianos comunes de que la soberanía de su país estaba siendo violada por intereses corporativos transnacionales, con quienes su gobierno era cómplice; movilización masiva a gran escala contra la privatización de estos recursos nacionales no renovables; críticas de base al neoliberalismo como marco de política nacional; la construcción efectiva de una coalición de clases trabajadoras urbanas, profesionales, estudiantes y grupos indígenas, reunidos en acciones de protesta muy visibles y un llamamiento al ejercicio más directo de la democracia en Bolivia.

A lo largo de este período turbulento, Morales emergió como el líder del movimiento social más importante del país, capaz de movilizar a un gran número de sindicalistas cocaleros y coordinarse con otros sectores populares para marchas de protesta que ocuparon repetidamente espacios públicos urbanos entre 2000 y 2005. Mientras Morales es de descendencia aymara -el segundo grupo indígena más grande de Bolivia- fueron movilizaciones populares-indígenas. Morales conectó hábilmente temas previamente entendidos como específicos de los grupos indígenas con otros temas candentes de gran interés para los bolivianos, como la defensa de la soberanía nacional, modelada libremente en la autodeterminación indígena, o un llamado de larga data de activistas indígenas para reescribir la constitución nacional para hacerla más inclusiva, posteriormente adoptada por manifestantes no indígenas también.

Cuando Morales desafió a los especialistas y ganó las elecciones presidenciales de 2005 con un decisivo e inusualmente alto 54 por ciento de los votos, el día antes de su toma de posesión celebró una ceremonia en las ruinas de la antigua Tiwanaku. Más de 10.000 simpatizantes agitaron wiphalas, la bandera del nacionalismo indígena. Morales recibió la bendición de un versado en rituales aymaras, aceptó un bastón tradicional de autoridad y ofreció gracias a la Pachamama. De vuelta en la ciudad, realizó una libación ritual de agradecimiento. Durante los años de Morales, la óptica pública para su administración enfatizó la “refundación de Bolivia” como un país “indígena”, revirtiendo décadas y siglos, cuando la tradición indígena se mantuvo en gran medida fuera de la vista pública. Ahora, estaba en todas partes en la esfera pública de Bolivia.

Una teoría popular sobre la eliminación de Evo Morales está completamente equivocada.

Un frente importante en el esfuerzo de Morales por descolonizar el Estado boliviano fue la maquinaria del Estado mismo. Una vez en el cargo, ocupó 14 de los 16 puestos del gabinete con personas de ascendencia indígena, incluidas las mujeres de pollera, es decir, que visten las coloridas faldas y bombines asociados con la ascendencia indígena de las tierras altas en todo el mundo andino. El gobierno nacional de Bolivia se componía repentinamente de activistas e intelectuales indígenas que a menudo enmarcaban públicamente cuestiones políticas importantes en términos indígenas, se presentaban como representantes de las poblaciones indígenas y descendientes de indígenas del país, pero también ciudadanos no indígenas, y frecuentemente usaban lenguas y conceptos indígenas en sus apariencias públicas.

Al mismo tiempo, el partido político de Morales, el Movimiento al Socialismo, se convirtió en la fuerza política dominante del país, lo que abrió oportunidades para que los líderes indígenas ingresen a la política como alcaldes de pueblos y ciudades, y a nivel regional y local. Pronto se convertiría en el partido mayoritario en la legislatura nacional. El movimiento de Morales es en gran parte responsable del aumento masivo de la participación indígena en el proceso político nacional a todos los niveles.

Quizás el logro más importante de Morales fue su éxito al liderar un esfuerzo, a menudo polémico, para reescribir la constitución de la nación, completada en 2009. Esta nueva constitución reformula radicalmente el marco de gobierno de la república, definiendo al Estado boliviano como “plurinacional” y “comunitario”. En sus 411 artículos, otorga ciudadanía liberal y nuevas formas de ciudadanía indígena colectiva de igual nivel, especificando distintos derechos indígenas y formas de autonomía cultural, política y jurídica. La constitución de 2009 resume y codifica un cambio importante en las prioridades de gobernanza, de proporciones históricas. Si sobrevive al mandato de Morales en el cargo, seguramente será recordado como su logro más importante.

A Morales se le puede atribuir el traslado de la mayoría indígena de Bolivia mucho más al centro de la vida pública y política del país. Ser indígena y ocupar un cargo político ahora no es inusual, como lo fue durante la mayor parte de la historia del país. La radio, la televisión y los medios en línea del país ofrecen habitualmente contenido cultural indígena. Los pueblos indígenas en Bolivia ya no son ciudadanos de segunda clase, sino que están totalmente protegidos como “indígenas”. Los conceptos indígenas como “vivir bien” (en quechua: sumak kawsay), utilizados como contraste a la economía global cargada de carbono, fueron incluso piedras angulares de las incursiones de la administración Morales en la política climática internacional.

Estos son logros transformadores y de consecuencias históricas. Sin embargo, la segunda mitad del ejercicio de Morales vio más conflictos con las circunscripciones indígenas, a menudo sobre prioridades, indígenas y estatales, en competencia. La más notable de ellas fue la controversia de TIPNIS de 2011: el plan de Morales para facilitar el comercio con Brasil mediante la construcción de una carretera a través de un parque nacional, que también contiene territorios indígenas, provocó una reacción violenta. Con alguna causa, los defensores indígenas vieron a la carretera como una traición que privilegia el modelo económico nacional basado en la extracción del país sobre los derechos de grupos indígenas particulares. Morales nunca resolvió con éxito este conflicto de intereses durante sus años en el cargo. Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de habitantes de la ciudad de ascendencia indígena con movilidad ascendente, aunque apreciaban los esfuerzos de Morales, con el tiempo se descontentaron con el enfoque exclusivo en las cuestiones indígenas percibido de su administración en lugar de las oportunidades económicas para todos, y con su poca predisposición a dejar el cargo.

Lo que queda por ver es el grado en que las políticas de Morales perdurarán. Áñez, la presidenta interina de Bolivia, ha insistido en que la suya es una administración transitoria, con el único propósito de instituir nuevas elecciones. Pero sus acciones hasta ahora han sido preocupantes. Ella apareció por primera vez en la escena política nacional en 2006 como representante de Beni, una región remota, en la asamblea constitucional de Bolivia, y como franca crítica de la administración de Morales. Según los informes, ha descrito a las culturas indígenas como “satánicas” y llevó una Biblia a su toma de posesión, insistiendo en que Bolivia es un país católico. Ella ha reunido su gabinete interino con conservadores no indígenas de las tierras bajas orientales, elites políticas y económicas que critican duramente a Morales, y no muestra signos de conciliación con su partido o sus partidarios. Lo más inquietante, en nombre del restablecimiento del orden autorizó una represión por parte de las fuerzas de seguridad de Bolivia, lo que resultó en la muerte de nueve productores de coca que protestaban. Estas no son las acciones de un interino, que carece de un mandato público. Si bien es difícil imaginar en este punto que el derecho de voto de los pueblos indígenas podría volver a los niveles anteriores a Morales, Áñez parece estar lista para tomar medidas en esa dirección. Si ella o quien sea que la suceda toma ese camino, Bolivia se encontrará con un largo período de agitación social y política.

https://foreignpolicy.com/2019/11/22/evo-morales-departure-bolivia-indigenous-legacy/