LA IDEA

Al promover la reforma judicial el ex presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una “auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que elige a sus servidores públicos de los tres poderes”. El 1° de junio por la noche, la presidenta Claudia Scheinbaum habló de “la vigencia plena del poder popular”.

La idea que el Poder Judicial rinda cuentas a la ciudadanía resulta atractiva en México, en la región y en el mundo, más aún si observamos los bajos valores de confianza de la ciudadanía respecto de los sistemas de Justicia que muestran informes como el de Latinobarómetro. La medición de dicho informe, en su edición 2024, refleja un promedio regional de 28% de confianza.

Una encuesta de opinión sobre el Poder Judicial y la reforma realizada por la Fundación Konrad Adenauer México en diciembre de 2024 pregunta a la ciudadanía cómo debe ser la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los resultados señalan que el 38% responde por el voto popular; 25%, por el poder judicial; 21%, por el Congreso, y el 12 %, por el Poder ejecutivo. Se suma un residual de “no contesta”.

Las acusaciones de corrupción, la lentitud de las resoluciones y la falta de legitimidad convirtieron la propuesta del gobierno en una idea que, sin dudas, la ciudadanía respaldó. Frente a ese acompañamiento cívico resultó incómodo para la oposición defender al desacreditado Poder Judicial frente a la reforma y la misma logró la aprobación final en el Congreso y en cada una de las entidades federativas de México.

Aprobadas las reformas entre septiembre y diciembre de 2024 corrió el tiempo para que los órganos electorales tuvieran que adaptar las normativas y procedimientos para llevar a cabo una elección tan sui generis. A la luz de la implementación, los esfuerzos han sido inmensos: órganos electorales con recortes presupuestarios, candidaturas sin partidos políticos, método de votación con números en vez de tachas, necesidad de crear nuevas unidades geográficas, “distritos judiciales electorales”, y ciudadanía sin conocimiento de las dignidades a elegir son algunos de los obstáculos que se debieron sortear.

LA PRÁCTICA

Una mirada reduccionista diría que hubo una baja participación. Está claro que es un dato sumamente relevante cuando de eso se trata la democracia. Estoy convencida de que la participación ciudadana legitima elecciones, pero me gustaría ahondar en la observación de quiénes participaron y cómo lo hicieron.

Es cierto que hubo una participación del 13%, pero también lo es que hubo un despliegue electoral para casi 100 millones de mexicanas y mexicanos. Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los 19 Organismos Públicos Locales donde hubo elecciones trabajaron en la arquitectura de un proceso sin precedentes, armonizaron papeletas electorales, coordinaron foros para que la ciudadanía se informara y hasta diseñaron simuladores de voto. Asimismo, ciudadanos y ciudadanas concurrieron con mucho compromiso a la instalación de las casillas y se mantuvieron cumpliendo sus funciones hasta altas horas de la tarde. En mi observación en Iztapalapa, Ciudad de México, un ciudadano que había sido ungido como presidente de casilla frente a la ausencia de sus pares fue a tocar el timbre a familiares y vecinos para que se sumen a la conformación de las casillas. Estos puntos son sin dudas el Lado B de los relatos mayoritarios sobre la elección del pasado 1° de junio.

El dato sobre los que fueron a votar lo dio el Instituto Nacional Electoral de manera oficial. Sin embargo, me gustaría echar luz cualitativamente sobre quienes lo hicieron. En nuestros recorridos, nos topamos con ciudadanos comprometidos con el proceso, interesados en elegir personas juzgadoras intachables, “alejadas de casos de corrupción, que no liberen criminales ni condenen deudas”; otros, que frente a la incapacidad de conocer los perfiles ni las funciones que desempeñarían las personas electas preferían marcar “por tómbola sus preferencias”.

Algo interesante del proceso de elección es que, en ausencia de referencias partidarias, los recuadros que indicaban el Poder del Estado que postulaba las candidaturas funcionaban de referencia para el elector: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial hacían la cuenta de identidades partidarias y la categoría “En funciones” servía como un residual para quienes querían postular su reelección.

El dato informado por el Instituto Nacional Electoral que da cuenta de que el voto nulo y blanco para la categoría de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia supera el 20% puede ser el reflejo de lo anteriormente dicho: desconocimiento de las y los candidatos, confusión respecto de la papeleta electoral y expresión de descontento. Si bien no sabemos cuál de ellas prima, es importante atenderlas todas de cara a la elección del 2027.

LECCIONES APRENDIDAS

Dada la ventana de oportunidad que representan los dos años previos a la próxima elección judicial me interesa compartir algunos aspectos que podrían contribuir a la equidad en la competencia, la inclusión electoral y la simplificación de la elección para la ciudadanía.

Un aspecto de las elecciones judiciales que sería bueno repensar es la cuestión del financiamiento. En aras de la austeridad, la reforma no contempló el financiamiento público para la propaganda electoral. Los principios de integridad electoral dan cuenta que el acceso a financiamiento público bien regulado y auditado promueve la equidad, mientras que un sistema de financiamiento privado pone en desventaja a quienes no cuentan con recursos propios y tienen menos acceso al crédito o a redes de financiamiento privado. En la práctica, el tipo de financiamiento fijado por la norma tiene un impacto en la salvaguardia de los derechos políticos; tanto de ser elegido como de elegir. Primero, la ausencia de financiamiento público hace que cada candidato o candidata tenga que autofinanciar sus campañas para difundir sus propuestas, lo cual marca una inequidad en la competencia. Segundo, la dificultad que genera para la ciudadanía conocer de manera equitativa toda la oferta electoral.

Si bien se pudieron observar los esfuerzos de comunicación que los órganos electorales realizaron para que la ciudadanía se informe sobre el método de votación y sus papeletas, sería recomendable en el futuro considerar que se destinen espacios en los medios de comunicación para que las y los candidatos presenten sus propuestas, así como para explicar que funciones tendrán las personas juzgadoras, dada la variedad de instancias y fueros que se eligen.

Cuando de equidad en la competencia se trata, también es bueno considerar, reforma mediante, la omisión del casillero del poder del Estado que lo postula en la papeleta electoral. De esta forma, se evita la asociación de una candidatura con el poder político que lo postula, a la vez que se evita la estigmatización de quien quisiera revalidar su cargo.

En segundo lugar, sabemos que para esta primera implementación de las elecciones judiciales se contó con poco tiempo y que las papeletas electorales fueron la mejor versión que se pudo lograr teniendo en cuenta los recursos, los requerimientos legales y la cantidad de candidaturas. Sin embargo, de cara al futuro, considero importante tener en cuenta algunos aspectos. En las elecciones del 1° de junio, las y los electores tardaron entre 10 y 30 minutos para ejercer su voto. El desconocimiento de los candidatos y de las funciones que ejercerán se sumaron a un número abultado de boletas con listados extensos de personas juzgadoras que era difícil de abordar como elector. Los polémicos acordeones no son más que una estrategia electoral aprovechada para usar a favor de quien los difunde frente a la necesidad ciudadana de llevar consigo una ayuda memoria que organice la confección de sus preferencias frente a lo caótico de la oferta. Generar una elección más simple para la percepción ciudadana podría impactar positivamente en la participación electoral, a la vez que limitar artilugios de la movilización del voto.

En clave de inclusión electoral es fundamental que de cara a 2027 se trabaje interinstitucionalmente para lograr que las y los ciudadanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto, así como las personas privadas de libertad.

Un último punto a destacar sobre la elección es la pertinencia o no de la concurrencia con elecciones de autoridades ejecutivas y legislativas. En esta ocasión, solo coincidieron en Veracruz y Durango, pero en 2027 podría darse en toda la federación. Entendiendo que una de las particularidades de los comicios es que se trataban de elecciones sin participación de los partidos políticos; la organización de elecciones concurrentes en las que, por un lado, participan los partidos políticos y, por el otro, se prohíbe la participación partidista resulta incongruente y de compleja resolución para la administración electoral, que debe también considerar en la geografía electoral las diferencias existentes entre los distritos electorales y los judiciales.

Sería erróneo leer la elección del domingo 1° de junio en clave de apoyo o rechazo al gobierno mexicano. La presidenta Claudia Scheinbaum, que asumió con casi el 60% de los votos, cuenta hoy con un apoyo muy superior al de otros presidentes en la región y la idea de elegir democráticamente a las personas juzgadoras también fue vista con buenos ojos por el pueblo mexicano.

La lectura de las urnas debe ser entendida por el oficialismo y la oposición como una oportunidad de armonizar posiciones, poner en dialogo los intereses mayoritarios con los reclamos de quienes por el mandato popular hoy representan minorías políticas, ya que es en ese pluralismo donde confluye y se robustece el gobierno soberano del pueblo. Un punto crucial en clave de futuro será involucrar a las juventudes que se mantuvieron prácticamente ajenas a la elección.

Las observaciones aquí vertidas pretenden ser un aporte a la democracia mexicana. Con la mirada puesta en la elección que se viene en 2027 es indispensable que los distintos poderes del Estado, las dirigencias políticas, los órganos electorales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, incorporando las lecciones aprendidas, se planteen una hoja de ruta común para pensar una elección más accesible e inteligible para la ciudadanía.

© Este artículo ha sido publicado originalmente en la Revista Voz y Voto de México.