Revista N° 74 - 2025
Actualidad InternacionalEn distintas partes del mundo, se consolidan movimientos y gobiernos de extrema derecha, que no sólo disputan el poder político, sino también el sentido común. Parte esencial de su narrativa es la cruzada contra lo que denominan “ideología de género”. Esta etiqueta, originalmente instalada desde sectores ultraconservadores del Vaticano, ha sido adoptada por una variedad de actores políticos para atacar los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y, particularmente, de las personas trans.
La consolidación de movimientos y gobiernos de extrema derecha en numerosos países del mundo y el consecuente cambio que producen en el orden mundial ha traído consigo una reducción de la concertación multilateral, el debilitamiento de las instituciones democráticas y un creciente desprecio por los estándares logrados en materia de derechos humanos. En este contexto, los derechos de las personas LGBTIQ+, y en particular de las personas trans, se encuentran cada vez más amenazados. Esta amenaza no es un fenómeno pasajero, sino el resultado de procesos sociales profundos que, en los últimos años, lograron institucionalizarse a través del ascenso de fuerzas políticas de extrema derecha, muchas de ellas articuladas en torno a ideologías antigénero.
Es necesario entonces analizar el avance global de estas derechas autoritarias, con foco en sus políticas y discursos de ataque hacia las personas trans. A partir de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, los fallos de la Corte Suprema del Reino Unido, la prohibición federal de tratamientos hormonales para personas menores de 18 años en Brasil y los DNU con los que el presidente Javier Milei modifica la Ley de Identidad de Género en la Argentina, examino cómo se desmantelan políticas públicas con perspectiva de género y diversidad, al tiempo que se despliegan discursos de odio que legitiman la violencia social, simbólica y política contra nuestras existencias.
Escribo desde la Argentina, como activista y mujer trans, en un país atravesado por el fascismo neoliberal de Javier Milei. Conozco de primera mano las políticas públicas de género y diversidad: formé parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación –un organismo desmantelado por el actual gobierno–, y me desempeñé como Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género en la Cancillería. Mi análisis combina evidencia concreta sobre el impacto de estas políticas regresivas con una perspectiva transfeminista situada.
Este artículo también busca interpelar a los sectores progresistas, que ante el avance de la derecha eligen correrse de la agenda de género por considerarla “piantavotos” o un tema “agotado” en la conversación pública. Esta claudicación no sólo pone en riesgo los derechos conquistados, sino que plantea un desafío más profundo: el futuro mismo de la democracia y del pacto social basado en la igualdad.
En Estados Unidos, el movimiento antigénero se ha institucionalizado con una velocidad alarmante. En los últimos tres años, sectores de la derecha religiosa y del Partido Republicano han impulsado una ola de leyes estatales dirigidas específicamente contra las personas trans y, en particular, contra las infancias y adolescencias trans. Lejos de ser una reacción aislada, se trata de una estrategia coordinada que utiliza el sistema federal para avanzar desde lo local hacia lo nacional, legitimando un modelo de exclusión que se presenta como defensa moral.
Sólo en 2023, se presentaron más de 500 proyectos de ley anti-LGBTIQ+, de los cuales más de la mitad afectan directamente a personas trans. Entre las medidas más frecuentes se encuentran: prohibiciones al acceso a tratamientos hormonales para menores de edad, incluso con consentimiento de les tutores legales; leyes que pro- híben a niñeces y adolescentes trans participar en equipos deportivos según su identidad de género; restricciones al uso de baños escolares según identidad de género; censura de contenidos educativos sobre diversidad y género, como la conocida ley “Don’t Say Gay” de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
Los estados más agresivos son:
Estos estados funcionan como laboratorios del odio legislativo: prueban, testean, provocan. Y si el experimento “funciona” políticamente, se exporta. Así, generan una red reaccionaria de recursos legales, financiamiento de iglesias y fundaciones ultraconservadoras como la Alliance Defending Freedom o la Heritage Foundation, y estrategias comunicacionales.
Este tipo de legislación se justifica en nombre de la protección de les niñes, cuando en realidad constituye un aparato jurídico para invisibilizar y castigar las existencias trans. Se construye un enemigo moral –el activismo trans, las familias que acompañan, les docentes– al que se le imputa una amenaza a la infancia. La infancia deja entonces de ser un sujeto con derechos para convertirse en un campo de batalla ideológico.
Como señala Chase Strangio, abogado trans de la ACLU (siglas en inglés de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles): “Lo que daña a les niñes no es su identidad de género, sino la violencia institucionalizada contra elles” y, podemos agregar, sus aliades.
Con la llegada de Trump a la presidencia en 2025 para su segundo mandato, la ofensiva se convirtió en política de Estado. La agenda ya no se limita a los estados, ahora se despliega con fuerza desde el gobierno federal. Trump no sólo reimpulsó la prohibición de personas trans en el deporte de alto rendimiento, también reinstaló criterios biomédicos para la documentación internacional. Esta medida modifica los formularios de migración y solicitud de visas, obligando a declarar el sexo asigna- do al nacer. Este pequeño casillero, en apariencia técnico, tiene un peso estructural: niega cualquier reconocimiento legal de identidades trans o no binarias obtenidas en otros países.
De este modo, el fascismo trumpiano exporta la violencia administrativa: se desconocen derechos adquiridos respecto a la identidad de género y se obliga a quienes migramos, viajamos o buscamos asilo, a encajar nuevamente en el binarismo colonial. Hoy, para entrar a Estados Unidos, hay que ser “hombre” o “mujer” para su aparato burocrático. Esta medida refuerza el binarismo cisheteronormativo y traslada la lógica de guerra cultural al plano internacional.
En el Reino Unido, la avanzada antigénero no se expresa tanto por la vía legislativa como ocurre en Estados Unidos, sino a través de un aparato cultural, judicial y mediático profundamente hostil hacia las personas trans. Inglaterra se ha convertido en un epicentro de la ideología crítica del género, impulsada por sectores del feminismo blanco y cis que sostienen que los derechos de las personas trans, especialmente de las mujeres trans, representan una amenaza para las mujeres cis. Esta posición trans excluyente es conocida como “terf” (por las siglas de Trans-Exclusionary Radical Feminist).
Estas posiciones se han desarrollado por terfs como Kathleen Stock, Maya Forstater y la escritora J.K. Rowling, quienes sostienen que el reconocimiento legal de las identidades trans borra a las mujeres. Su discurso se basa en una supuesta defensa de los espacios “seguros para mujeres”, como baños, cárceles o refugios, que se verían “invadidos” por hombres disfrazados de mujeres.
Estas ideas, que hace una década circulaban en sectores marginales, hoy tienen respaldo institucional. La prensa hegemónica –The Times, The Telegraph o incluso la BBC– ha reproducido sin cuestionamiento las narrativas críticas del género, mientras que universidades, editoriales y plataformas digitales enfrentan presiones tanto para silenciar voces trans como para amplificar las críticas del feminismo trans excluyente.
Este clima cultural desembocó en la sentencia de la Corte Suprema británica de 2023, que legitimó el derecho de organizaciones como Women’s Place UK a defender posiciones explícitamente excluyentes con las personas trans bajo el paraguas de la “libertad de expresión y creencia”.
La sentencia marca un precedente jurídico alarmante: el Estado británico reconoce que la libertad de expresión puede promover discursos de odio contra minorías sin reproche jurídico.
A esta avanzada se suman los retrocesos en salud pública. El Servicio Nacional de Salud (NHS) cerró el histórico Tavistock Gender Identity Development Service, principal clínica para infancias trans, tras años de acoso mediático y denuncias impulsadas por lobbies antigénero. La clausura, que en parte respondió a críticas reales sobre su funcionamiento, fue celebrada por sectores conservadores como una “victoria contra el adoctrinamiento de género”. Sin ofrecer alternativas sólidas, el gobierno británico dejó a cientos de niñes y adolescentes trans sin atención especializada.
En abril de 2025, la Corte Suprema del Reino Unido emitió una sentencia histórica en el caso “For Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers”, que redefinió los términos “mujer” y “sexo” en la Ley de Igualdad de 2010, estableciendo que se refieren exclusivamente al sexo biológico. Esta decisión impide a las personas trans, incluso a aquellas con certificado de reconocimiento de género (GRC), acceder a espacios y servicios reservados para mujeres cis, como baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos.
La Corte, si bien reconoció que las personas trans continúan protegidas contra la discriminación por reasignación de género, subrayó que la ley no reconoce a las personas trans como mujeres en el contexto de espacios reservados para mujeres cis. Esta interpretación ha generado un debate sobre la coherencia de la ley y su aplicación en la práctica.
Sólo queda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reciba de las organizaciones trans en el Reino Unido el pedido de revisión de la sentencia y pueda señalar las inconsistencias generadas por la Corte Suprema. Y además que señale que es la segunda vez que observa al Reino Unido la falta de reconocimiento de derechos a las personas trans.
Como era de esperarse, la sentencia ha tenido repercusiones negativas en otras áreas, como el deporte y la cultura. Organismos deportivos como la Asociación de Fútbol de Inglaterra y la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales han anunciado restricciones a la participación de mujeres trans en competiciones femeninas, citando la decisión judicial como base para sus políticas.
Esta situación refleja un contexto de creciente polarización en torno a los derechos de las personas trans en el Reino Unido, donde se enfrenta el reconocimiento legal y social de las identidades trans con movimientos que buscan limitar esos derechos en nombre de la protección de las mujeres cis. La resistencia y la solidaridad continúan siendo fundamentales para defender la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género.
El ataque hacia las personas trans no se limita únicamente al retroceso que se observa en las potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido, sino que también se extiende a países como Hungría e Italia, y avanza con la presencia de la extrema derecha como segunda fuerza política en varios países. Las tradiciones reaccionarias contra la población trans son una realidad en todos los bloques que definen los modelos sociales y económicos a nivel global. La falta de reconocimiento se presenta tanto en el mundo oriental, con países como Japón y China, como en varias naciones del este de Europa, como Rusia y otros antiguos miembros de la ex URSS. Asimismo, en el mundo árabe, países como los Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita continúan siendo escenarios de severas restricciones.
El mapa de la transfobia y de la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+ se amplía con el financiamiento de espacios religiosos conservadores del Norte global que logran intervenir en la agenda política y logran la promulgación de leyes que criminalizan a personas LGBTIQ+ en varios países africanos como Nigeria, Uganda, Ghana y Burkina Faso.
En América Latina, la situación no es mucho mejor. Esta región presenta los índices más altos de crímenes hacia la población trans a nivel mundial y los estándares sobre los derechos de las personas trans varían drásticamente entre países. Aún estamos lejos de establecer un diálogo regional que aborde problemas comunes como la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios o la cooperación en el marco de Mercosur, una experiencia que sigue siendo un testimonio de las dificultades para proyectar acciones regionales efectivas.
Así, la fragmentación política, la pobreza, la desigualdad social y la crisis económica derivada de la pandemia nos alejan de pensar en una “Nuestra América” unificada. Mucho más distante aún queda la protección de la población trans empobrecida, que carece de políticas públicas adecuadas o cuyos derechos están severamente limitados. A esto se suman los discursos de odio que se dirigen hacia las personas LGBTIQ+ y el marco normativo que aún nos sostiene frágilmente.
En el caso de la Argentina, es necesario reconocer que los últimos tres presidentes –Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei– han puesto en evidencia el sexismo que atraviesa tanto sus imágenes públicas como el daño respecto a la perspectiva de género y diversidad en las políticas públicas. Pero en el caso de Milei, impacta el esfuerzo de su gobierno por atacar frontal y sistemáticamente a mujeres, travestis y trans, destruir las políticas públicas en favor de la igualdad de género, y manipular el poder legislativo y judicial para garantizar la impunidad en sus agresiones hacia la población trans.
En 2023 y 2024, tras asumir la presidencia, Milei se dedicó a difundir discursos de odio, pero también adoptó medidas concretas que reflejan su postura. Entre estas, destacan los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del INADI, el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y la eliminación de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad que se habían implementado en el gobierno de Alberto Fernández. A ello se sumaron los despidos de trabajadores trans y otres expertes en perspectiva de género, además de la presentación de varios proyectos de Ley en el Congreso de la Nación que buscaban modificar o limitar derechos fundamentales de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.
Todo esto se desarrolló en un contexto de notable silencio y tolerancia por parte de sectores progresistas, especialmente entre los partidos políticos, que vieron en las luchas feministas y transfeministas una amenaza para su posicionamiento en las elecciones de 2025. Así, optaron por guardar silencio mientras se desmantelaba el Estado y se promovían discursos de odio que fomentaban la discriminación y la violencia.
El límite de esta tolerancia llegó a principios de 2025, tras el polémico discurso de Milei en el Foro Económico de Davos, en el que, de manera explícita, vinculó la “ideología de género” con el abuso infantil, llegando incluso a calificarla de “pedofilia”. Esta afirmación desató una condena inmediata en la sociedad argentina. En menos de dos semanas, un millón de personas se movilizaron en todo el país para repudiar tanto el tono fascista de sus declaraciones como su demagogia y autoritarismo. Esta protesta social, que se desarrolló de manera autónoma a los partidos políticos, se centró en el apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y en la defensa de los derechos humanos.
Milei no se disculpó ni intentó justificar sus palabras. Una semana después de la masiva marcha, el presidente promulgó dos decretos de Necesidad y Urgencia (DNU 61/2025 y DNU 62/2025), Ambos modifican la Ley de Identidad de Género, lo que representa un retroceso significativo en los avances conseguidos por la comunidad trans y la lucha por la igualdad de derechos en la Argentina.
El resurgimiento de la extrema derecha a nivel global y su ofensiva sistemática contra los derechos de las personas trans no constituye un fenómeno aislado; forma parte de un proceso social más amplio, vinculado al contexto económico global y al papel de las redes sociales y los medios de comunicación transnacionales. En estos espacios, se construye la figura del “enemigo interno” desde múltiples frentes y, una vez en el poder, estos movimientos suelen desmantelar las políticas de protección en materia de igualdad de género y diversidad.
El ataque directo de todos los gobiernos de extrema derecha es a los derechos de infancias y adolescencias trans. Esto nos permite vislumbrar una inquietante proyección sobre el futuro: los regímenes fascistas en todo el mundo buscan separar y aislar a les niñes trans de las instituciones que podrían apoyar su desarrollo, como los sistemas de salud y el educativo. Su objetivo es despojarles del derecho a la identidad, eliminando cualquier respaldo institucional, para que crezcan insegures y vulnerables. Además, promueven, a través de sus discursos de odio, una nueva generación de reaccionarios que buscan educar en la intolerancia y el desprecio. De este modo, el futuro se presenta cada vez más polarizado, marcado por el auge del odio y los ataques a aquellas personas trans que ya viven en condiciones de exclusión y profunda desigualdad.
Por medio del odio, las políticas públicas regresivas y el control de las instituciones, estas fuerzas buscan imponer una visión binaria y excluyente de las personas trans. Niegan nuestra identidad y nuestros derechos. Este ataque encuentra un terreno fértil en el Sur global debido a la desigualdad, la pobreza y la fragmentación política. El dato a destacar es la creación del enemigo interno. Javier Milei se ha empeñado en observar que se trata de una batalla cultural contra la agenda de género y diversidad en su guerra contra los gastos de la política pública. Pero en realidad estos ataques poco tienen de eficacia gubernamental, los discursos de odio, el desarme de las políticas públicas y la impunidad con la que opera y trabaja es el centro de su discrecionalidad autoritaria. La batalla cultural no es el exceso de una posición personal, es la modalidad con la que se demuestra cómo es posible cruzar la frontera de la democracia para que existan grupos poblacionales que el Estado puede ata- car sin reproche social. Vulnerar discrecionalmente las instituciones democráticas permite ejemplificar que la libertad que pide aplica sólo al grupo de extrema derecha que construye el camino al autoritarismo.
Este ataque no se dirige exclusivamente contra las personas trans. En su discurso en Davos, Milei dejó claro quiénes son sus enemigos: mujeres, personas LGBTIQ+, defensores del medio ambiente, migrantes y cualquier colectivo que cuestione su redireccionamiento de la economía. Su agenda no se limita a una cruzada moral; también implica el desmantelamiento de la política económica y la persecución sistemática de quienes se le oponen. Se trata de una ofensiva integral, que combina odio ideológico con destrucción institucional y disciplinamiento social, como en el caso de los jubilados, los estudiantes que piden mayor presupuesto para las universidades o los trabajadores que reclaman mejoras salariales.
Entonces, se entretejen distintos escenarios en los que la extrema derecha despliega una ofensiva contra los derechos humanos, especialmente dirigida a las comunidades más vulnerables. Este ataque busca desacreditar o incluso borrar la agenda feminista y LGBTIQ+.
En relación con la agenda de los derechos de las mujeres y el feminismo, es necesario afinar el análisis: muchas representantes de la extrema derecha son mujeres, y esto no es una novedad. La participación de mujeres conservadoras busca reafirmar una visión tradicional de lo femenino, diferenciándose abiertamente del feminismo y, en muchos casos, oponiéndose al derecho al aborto.
Esto no debería sorprender a quienes comprenden que las posturas conservadoras no dependen del género, la orientación sexual o la identidad de género de quienes las sostienen. Analizar la presencia de mujeres en estos espacios permite entender mejor los valores que promueven, cómo configuran sus agendas políticas y de qué manera su figura sirve para atraer el voto femenino o reforzar valores tradicionales mediante un uso estratégico de la imagen femenina en las campañas electorales.
Sin embargo, incluso dentro del feminismo emergen agendas conservadoras, liberales y trans excluyentes. Como vimos, en el Reino Unido, por ejemplo, el terfismo impulsa una narrativa que busca restringir derechos de las mujeres trans y de las personas trans en general. Se trata de una posición conservadora que excluye para negar, y niega para eliminar.
A diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, en la Argentina este tipo de posiciones no ha logrado penetrar las instituciones democráticas. Si bien durante el gobierno de Alberto Fernández se observó cómo algunos sectores del feminismo institucional adoptaban la agenda trans sin respaldo ni distribución económica real, también es cierto que el movimiento trans excluyente no ha logrado consolidarse ni antes ni ahora dentro de las estructuras estatales.
Una explicación posible es que a Javier Milei no le interesa la agenda de género, ni siquiera en sus versiones neoliberales. Pero también hay que reconocer que el feminismo popular en la Argentina ha construido una agenda interseccional que reconoce como referentas a figuras clave del activismo travesti-trans, como Lohana Berkins y Diana Sacayán. El movimiento feminista no se agota en reivindicar a estas luchadoras por los derechos humanos, sino que ha incorporado la agenda travesti-trans como parte integral de su lucha, lo que establece un límite firme al avance del terfismo en el país.
Podríamos trasladar este compromiso por transformar las condiciones de desigualdad real a un enfoque basado en el ejercicio efectivo de derechos, exigiendo el mismo nivel de responsabilidad a la oposición política en la Argentina, especialmente a los partidos con representación en el Congreso. La falta de reacción por parte de muchos sectores progresistas ante los ataques del gobierno nacional resulta preocupante, ya que se está dejando espacio libre para su ofensiva contra los derechos humanos, en particular los de las comunidades más vulnerables.
El pragmatismo electoral parece haber guiado la decisión de varios partidos de moderar sus compromisos durante las elecciones de 2023, incluso al punto de excluir la agenda del feminismo popular de sus plataformas de representación política. Asistimos, además, al intento de desprestigiar dicha agenda, con el argumento de que “la gente se cansó de una política de minorías” y que ésta no responde a las urgencias económicas de las mayorías. Esta contraposición retórica entre la agenda de derechos y las necesidades económicas es profundamente ideológica. La crisis económica posterior a la pandemia, así como las
decisiones políticas que la acompañaron, no pueden atribuirse a una supuesta sobreatención a la agenda feminista institucionalizada; las causas son estructurales y múltiples. Sin embargo, sectores progresistas replicaron sin mayor reflexión el discurso dominante en los medios de comunicación.
Tampoco sorprende que en 2024 no haya habido una defensa contundente ante el virtual desmantelamiento del INADI, los despidos masivos de trabajadores estatales, el cierre de políticas públicas consagradas por la ley, o el uso ilegítimo de herramientas como los Decretos de Necesidad y Urgencia para gobernar al margen del Congreso. Estas acciones no sólo violan el marco normativo vigente, sino que sientan precedentes peligrosos para la institucionalidad democrática.
La atención política de la oposición no puede negociarse a costa de la vida de las poblaciones pobres, vulnerables a múltiples formas de violencia y subrepresentadas en las instituciones. Resulta doloroso constatar que en un país como Brasil –donde se registran desde hace años algunos de los niveles más altos de crímenes contra la población trans de la región– se haya tratado con tanta liviandad la continuidad de políticas públicas dirigidas a la población trans. Un ejemplo reciente es la resolución que prohíbe los tratamientos hormonales para personas menores de 18 años, una medida que reproduce y legitima las posturas más conservadoras, ignorando las necesidades concretas y los derechos adquiridos de las infancias y adolescencias trans.
Volviendo al contexto argentino, es necesario señalar que la herramienta con la que la extrema derecha avanza y erosiona la democracia también se ve facilitada por una oposición política incapaz de defenderla con firmeza. Se trata de una oposición que fue testigo del ataque sistemático de Javier Milei contra la población trans y que, incluso ante una reacción social masiva en 2025 -con más de un millón de personas movilizadas-, no logró traducir ese repudio al autoritarismo en una representación política concreta. No se construyó ni una sola candidatura que recogiera esas demandas en las listas electorales, ni se asumió desde las bancas del Congreso una agenda que articule luchas transfeministas, ambientalistas, migrantes y con perspectiva de género. Esta falta de respuesta revela una desconexión profunda entre la dirigencia opositora y los sectores sociales que buscan defender los derechos conquistados.
Y aunque muchos comunicadores insistan en que el gobierno de Javier Milei no encarna un proyecto fascista, sino simplemente una versión radical del neoliberalismo, créanme que esa afirmación parte de una posición privilegiada, muchas veces cisgénero y alejada de las poblaciones que hoy están directamente bajo ataque. Es fácil negar el carácter autoritario de un régimen cuando no se pertenece a los grupos perseguidos. Lo que se vive en la Argentina -y en buena parte del mundo- es una forma actualizada de fascismo, que ya no necesita replicar exactamente los modos del siglo XX para operar con la misma lógica de exclusión, violencia y destrucción institucional.
El fascismo del siglo XXI se adapta a contextos democráticos, utiliza los mecanismos del mercado, las redes sociales y el discurso de la libertad para justificar el despojo de derechos. Su presencia se hace evidente en la forma en que deja sistemáticamente a poblaciones enteras fuera del marco de la ciudadanía plena: personas trans, migrantes, disidencias sexuales, pueblos originarios, sectores empobrecidos. Redefinir qué entendemos por fascismo hoy implica reconocer que el proyecto político de la extrema derecha global se sostiene precisamente sobre la marginación y la deshumanización de quienes históricamente han sido más vulnerables.
Uno de los temas urgentes que me impulsan a escribir es que crecí en un país donde las personas trans no teníamos derechos, atravesades por una trama profunda de violencia institucional. Esa violencia no era un hecho aislado, sino el reflejo de una matriz conservadora sostenida por distintos gobiernos y contextos sociales. Sin embargo, lo que hoy propone el fascismo de Javier Milei marca un nuevo capítulo: un ataque organizado, sistemático, que institucionaliza el discurso antigénero en todos los niveles de la vida pública.
Lo vemos en redes sociales, amplificado por influencers y operadores mediáticos; en foros internacionales, donde se niegan derechos básicos; en decisiones de gobierno como la prohibición del lenguaje inclusivo. Este pánico moral organizado desde el Estado en democracia contra la comunidad LGBTIQ+, y en especial contra las personas trans, no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Esa es la diferencia sustancial con otros gobiernos conservadores o de derecha: no se trata sólo de un retroceso, sino de una voluntad explícita de aniquilar a un grupo poblacional. Existen similitudes entre el antigénero tradicional –religioso, conservador– y el nuevo antigénero libertario-tecnocrático. Pero también hay diferencias profundas. Esta nueva ofensiva se presenta como racional, técnica, incluso meritocrática, y es justamente esa apariencia “moderna” lo que la hace aún más peligrosa.
No creo que muchas personas dimensionen la gravedad de lo que estamos viviendo. Los gobiernos de extrema derecha buscan borrar nuestros derechos, pero también estigmatizarnos y quitarnos nuestra ciudadanía. Nos señalan como pedófilos, como amenazas y, al hacerlo, legitiman ataques concretos: físicos, legales, simbólicos. Perfeccionan la “vida nuda” -la existencia despojada de derechos- y activan un sistema de control social cada vez más eficaz y discrecional. Nos atacan en el presente para borrarnos del futuro.
Este texto es un llamado de atención. Una advertencia frente al avance de una política que amenaza no sólo a las personas trans, sino a la humanidad compartida, al mundo democrático, al respeto por quienes tienen una experiencia de vida distinta. No se trata de un retroceso en términos de derechos individuales, sino de un intento deliberado de remodelar las bases mismas de la democracia. Nos enfrentamos a un proyecto político que no se limita a la marginalización de un grupo, sino que busca redefinir el concepto de ciudadanía, excluyendo a aquellos que no se ajustan a un ideal rígido y excluyente de lo que debe ser la sociedad.
