Artículo online - Publicado el 30-09-21

América Latina

PRODUCCIÓN DE CANNABIS EN LA ARGENTINA, EL DESAFÍO DE MEJORAR LA ECONOMÍA Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD

Por Brenda Maier
Licenciada en trabajo social (UBA), magister en epidemiologia, gestión y políticas de salud (UNLa), docente universitaria (UBA / UNPaz) e investigadora del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación.

La Argentina desde hace 4 años posee una ley que regula el uso del cannabis con fines medicinales y de investigación. Esta ley posibilitó que muchas personas accedan a una mejor calidad de vida y que el uso del cannabis deje de ser un tabú y pueda convertirse en una política productiva.

En el 2017, se promulgó la Ley 27350 de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados que tiene por objeto la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados como también facilitar el acceso a las terapias para todos los usuarios y usuarias, brindado apoyo a las familias a través de regulaciones claras para efectivizar el acceso como también garantizando el acompañamiento de profesionales de la salud.

Los puntos más importantes de la ley se esclarecieron a través de su última reglamentación, la n° 883/2020 promovida por el Ministerio de Salud, donde se permitió el acceso a derivados de la planta de cannabis mediante el autocultivo, el cultivo solidario y a través de la utilización de especialidades medicinales ya sea a través de productos de industria nacional o extranjeros o mediante la adquisición de formulaciones magistrales. Para quienes deseen cultivar deberán, como lo indica el art 8 de la ley, inscribirse en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada. Al momento de esta nota, hay inscriptas 27 mil personas, algunas con aprobación y otras a la espera de la autorización.

Otro de los puntos clave del decreto es la gratuidad, para las personas que no cuenten con obra social o cobertura privada.

Además, este marco legal permite que provincias, Universidades, organizaciones y privados estén habilitados a presentar proyectos para realizar alguna actividad vinculada a la investigación, producción para abastecimiento local y/o importación de semillas de cannabis mediante acuerdos con el INTA o CONICET. Se encuentran aprobados proyectos en Jujuy, San Juan, Chubut, La Rioja, Rio Negro, Misiones, Corrientes y en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Con la creciente legitimación del uso de cannabis para distintas patologías, con la incipiente pero prometedora industria de esta planta y la aceptación e intereses en las distintas jurisdicciones provinciales de nuestro país se elaboró un proyecto de regulación del cáñamo industrial y de cannabis medicinal. El mismo fue presentado por el Poder Ejecutivo en el Consejo Económico y Social, con acompañamiento de consejerxs, expertos, legisladorxs y gobernadores de distintos partidos políticos que manifestaron su apoyo. El proyecto del ejecutivo ingresó al Congreso y obtuvo media sanción del Senado, ahora aguarda el tratamiento de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda de Diputados para luego ser tratado en sesión y convertirse en Ley.

Los objetivos que posee el proyecto de regulación del cáñamo industrial y cannabis medicinal son:

  • Crear una Agencia para establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y / o medicinal, incluyendo la investigación científica.
  • Potenciar el empleo y la inversión para mejorar la economía nacional y establecer esta industria.
  • Garantizar el acceso a la salud a través de satisfacer el mercado interno.
  • Establecer a la Argentina como líder regional en la elaboración de productos en base a derivados de cannabis, y así, generar exportaciones.
  • Promover la diversificación productiva con una mirada ambientalista.
  • Propiciar el desarrollo de economías regionales.
  • Incorporar pequeños y medianos productores como al sector cooperativo.

Las fortalezas con las que cuenta Argentina para la obtención de estos objetivos son:

  • Las capacidades y desarrollo agropecuario e industrial.
  • El desarrollo científico y tecnológico en general, además del interés en particular que se ha acrecentado en los últimos años en relación al cannabis.
  • La red de laboratorios públicos y nacionales que se encuentran presentes en todo el territorio nacional.
  • Las iniciativas provinciales en desarrollo habilitadas por la ley 27350.
  • La trayectoria y conocimiento de organizaciones de usuarios, usuarias, familiares y cultivadorxs.

Se presentan como desafíos a este proyecto:

  • Lograr un crecimiento armónico entre las distintas jurisdicciones provinciales, alcanzando un equilibrio federal.
  • Que la industria nacional logre un rol protagónico en el desarrollo productivo, incluyendo toda la cadena de producción para generar valor agregado.
  • Garantizar el derecho a la salud a través de la accesibilidad en el mercado interno de productos a un precio razonable y de calidad.
  • Proteger y fomentar el empleo local.
  • Regularizar aquellas asociaciones y cooperativas que se encuentran trabajando en la materia y sumar nuevas, incorporando la perspectiva de género y favoreciendo aquellas que estén compuestas por mujeres que actualmente se organizan para producir derivados de cannabis y abastecer a sus familias.
  • Promover la diversificación productiva, atendiendo principalmente territorios que no poseen desarrollos económicos y que promuevan el arraigo como nuevas oportunidades para esas poblaciones.
  • Mejorar y cuidar la calidad ambiental.

El avance en la regulación que viene realizando nuestro país se inscribe dentro de la flexibilización jurídica que está aconteciendo a nivel mundial, cuestionando las políticas prohibicionistas que fueron instaladas hace 50 años por las convenciones internacionales para regular y limitar el uso de la planta de cannabis, entre otras plantas cultivadas en los países periféricos. Por razones geopolíticas, económicas, de prevención del narcotráfico, de crecimiento de la industria farmacéutica basada en sintéticos, sea el motivo que sea, a paso lento pero constante las legislaciones van contemplando que la tendencia a la regulación es irreversible.

La industria del cannabis es una apuesta a futuro, que requiere de articulación entre los distintos espacios de gobierno para generar una normativa que garantice celeridad en los procesos de autorización y brinde transparencia y seguimiento de los proyectos. Además, será menester generar equilibrio entre el crecimiento de empresas nacionales como también extranjeras, que inviertan en este nuevo sector industrial y realicen transferencia tecnológica.

En un escenario de complejidad económica por el alto endeudamiento externo que dejó la gestión anterior, la falta de crecimiento, el aumento del desempleo y por ende de la pobreza producto de las consecuencias de la pandemia, requiere que el gobierno asuma desafíos concretos que promuevan soberanía, que potencien el crecimiento productivo al tiempo que garanticen el cuidado y el acceso a la salud de nuestra población, para recuperar y construir la Patria que soñamos.

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